La magistrada desestimó el planteo de los abogados defensores por supuesto "temor de parcialidad". Anunció que dejará de intervenir en el expediente por motivos personales.
La controversia surgió tras la difusión de capturas de pantalla de conversaciones privadas.
La defensa del exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino presentó una recusación contra la jueza penal María Belén Salido, argumentando un supuesto "temor de parcialidad" en su actuación dentro de la causa. A raíz de la presentación, la magistrada rechazó el planteo y se desvinculó del caso por razones propias.
El planteo fue formulado por los abogados Daniel Sosa Arditi y Eduardo de Oro, quienes sostuvieron que la magistrada había emitido opiniones sobre la situación procesal del exfuncionario en un grupo de WhatsApp denominado "Hay juec@s en Berlín".
La controversia surgió tras la difusión de capturas de pantalla de conversaciones privadas en las que Salido habría escrito una referencia sobre un posible escenario judicial para D’Agostino: "Uyy, seguro le piden prisión preventiva".
Este jueves, al cumplirse el plazo legal de 72 horas para responder al planteo, la jueza presentó un escrito en el que rechazó in limine la recusación, es decir, la desestimó de manera inmediata sin ingresar al análisis de fondo de los argumentos expuestos por la defensa.
En la presentación, Salido consideró improcedente la presentación realizada por los abogados de D’Agostino y cuestionó, además, la forma en que se obtuvieron las capturas de pantalla utilizadas como fundamento para solicitar su apartamiento del Tribunal Penal.
Pese a rechazar formalmente la recusación, la magistrada informó que decidió apartarse del expediente que involucra al exsubsecretario de Justicia, aunque aclaró que los motivos de esa determinación serán explicados oportunamente.
La querella de la causa por violencia de género contra Marcelo D'Agostino presentó una grave denuncia en la que cuestiona la imparcialidad de la investigación y apunta directamente contra el fiscal jefe Alejandro Iturbide, asegurando que el funcionario mantiene desde hace 15 años un vínculo laboral con el abogado defensor, Daniel Sosa Arditi, dentro de la Universidad Nacional de Cuyo.
La presentación sostiene que ambos integran la misma cátedra de la Facultad de Derecho y que existe una relación jerárquica entre ellos
"Dentro de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, el fiscal que debe investigar al imputado es el subordinado del abogado que lo defiende", afirma la querella en un duro planteo elevado ante el fiscal adjunto en lo Penal.
Para los representantes de la denunciante, esta situación explicaría una serie de decisiones procesales que, según sostienen, favorecieron sistemáticamente a Marcelo D'Agostino y perjudicaron a la mujer que lo denunció por hechos de violencia de género, entre ellos amenazas, coacciones y abuso sexual.
De acuerdo con la documentación aportada, Daniel Sosa Arditi se desempeña como profesor adjunto en una cátedra de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, mientras que Alejandro Iturbide ocupa el cargo de jefe de trabajos prácticos. La querella señala que ambos comparten actividades académicas desde 2010, participan en la planificación de la materia y suscriben conjuntamente actas de examen.
El escrito remarca que Iturbide nunca informó este vínculo ni se apartó de la investigación. Además, compara la situación con otros antecedentes dentro del Ministerio Público, donde funcionarios se inhibieron por relaciones considerablemente más lejanas con personas involucradas en expedientes judiciales.
La ampliación de la denuncia también enumera una serie de presuntas irregularidades en la instrucción. Entre ellas, menciona la falta de allanamientos, la ausencia de secuestro y peritaje integral de teléfonos del imputado, el rechazo a investigar comunicaciones vinculadas a los hechos denunciados y la falta de impulso respecto de la acusación más grave, referida a abuso sexual.
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