Durísima condena de 30 años de cárcel para un militar que abusaba sexualmente de una menor con discapacidad en Real del Padre en San Rafael. La víctima era entregada por la propia madre, quien ya fue condenada en juicio abreviado a 9 años de prisión.
Las violaciones eran fotografiadas y grabadas por el ex integrante de la Armada Argentina, Hugo Rinaldo Varas, nacido en 1965, retirado de la fuerza y con domicilio en San Rafael, quien continuará detenido ahora en la cárcel de ese departamento.
La nena tenía tan sólo 12 años, pero además converge en ella una serie de vulnerabilidades: mujer, menor, con discapacidad moderada, graves problemas económicos en el ámbito intrafamiliar y con padres separados. El hecho de estar hiper desfavorecida social, cultural y económicamente, le dan a los hechos, un marco extremo de abuso por parte de Varas.
El caso se descubre cuando la niña alcanzó a publicar un video de pocos segundos en sus estados de redes sociales, que fue visto por su tío, en lo que fue un estremecedor pedido de auxilio, al punto que, aparentemente, quería terminar con su propia vida.
Esto permitió que el tío se comunicara con el padre de la criatura, quien al descubrir lo que hacía su ex mujer, denunció los hechos en forma inmediata.
Lo llamativo fue que Varas se presentó espontáneamente en la comisaría de manera desafiante, reclamando que le informaran si era cierto que había una denuncia en su contra: en el acto quedó detenido y le secuestraron el celular, que resultó una prueba fundamental en su contra, a partir de los archivos encontrados.
En el allanamiento a su casa, los investigadores hallaron más material de abuso infantil digitalizado en la CPU, donde había carpetas prolijamente guardadas, pero descubiertas por Delitos Tecnológicos de la Unidad Investigativa del sur provincial. Y la pericia a cargo de la Udapif de Mendoza, que en sus testimoniales en el juicio, desarrollaron una exposición de lo descubierto en las imágenes, que terminaron de conformar un cuadro probatorio inexcusable.
Esto, gracias a la investigación a cargo del Fiscal Martín Castro, que pudo dejar al descubierto el verdadero perfil de una persona que contrastaba con la imagen de los hechos que se le recriminaban, presentándose con una llamativa pulcritud en el debate, vistiendo elegantemente y con la típica imagen de ciudadano de bien, que suelen tener este tipo de delincuentes.
Evidentemente, la sobreadaptación social que mostraba en el alejado distrito sanrafaelino, lo tornaban insospechable para este tipo de acciones tan reprochables y alarmantes. Pero el injusto de su accionar alcanzó unas pocas veces vista, sentencia a 30 años de cárcel, ya que se trataba no sólo abuso sexual con acceso carnal en seis hechos probados, en concurso real, sino también por la promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima: esto, debido a que la criatura tenía sólo 12 años cuando sucedieron los hechos.
Los sucesos probados tuvieron lugar el 10 de setiembre, y los días 7, 16, 28 de diciembre de 2019, más otro el 2 de febrero del año siguiente. Además, por las filmaciones y fotografías, se lo halló responsable de producción de representaciones de actividades sexuales explícitas de un menor, bajo la modalidad de delito continuado.
En definitiva, el tribunal integrado por los jueces Jorge Yapur Meca, Néstor Murcia y María Eugenia Laigle, sancionó como corresponde a una persona que recibió la educación, la formación y hasta el sueldo por parte del Estado, y que tiene plena consciencia de la antijuricidad de sus actos.
El fiscal pidió esa pena, entendiendo que el delincuente que lleva adelante este tipo de acciones, no sólo niega la ley, sino valores fundamentales de la sociedad. La sentencia viene a comunicar la vigencia del derecho y el repudio total a este tipo de delitos.
El mensaje social del fallo, es que las personas que acometen contra criaturas de esta manera, pueden alcanzar semejante nivel de penalidad, incluso por arriba de los años que suelen dárseles a los hallados culpables de homicidios.
Cabe señalar, que en el mismo juicio se condenó a otro partícipe de los abusos contra la menor, Saúl Ernesto Paz Merelles, a la pena de 8 años de cárcel también de cumplimiento efectivo.
En tanto, la madre, que entregaba a sabiendas a su hija para estos vejámenes, ya había sido condenada en juicio abreviado a 9 años de cárcel.
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