La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de Mendoza, garantizan los derechos del imputado, asegurando un proceso justo. La palabra de una abogada.
La Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de Mendoza, garantizan los derechos del imputado
Ser acusado de un delito no significa perder los derechos. Toda persona acusada de un delito cuenta con derechos fundamentales que garantizan un proceso justo y transparente. El imputado está protegido por una serie de garantías desde el primer momento del procedimiento.
Tanto la Constitución Nacional como el Código Procesal Penal provincial establecen ciertos derechos que aseguran que el imputado pueda ejercer penalmente su defensa y que su dignidad sea respetada. Además, buscan que nadie sea sometido a una investigación o juicio sin las debidas garantías legales. Por otra parte, toda actuación del Estado debe respetar la dignidad del imputado y la presunción de inocencia.
El artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia del país. Este artículo establece que nadie puede ser penado sin un juicio previo, basado en una ley existente antes del hecho que se le atribuye.
Asimismo, garantiza que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Este artículo también protege la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia privada, permitiendo allanamientos solo en los casos y con las justificaciones que determine la ley.
Además, prohíbe de manera definitiva la pena de muerte por motivos políticos, los tormentos y los azotes, reflejando un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Finalmente, dispone que las cárceles deben ser sanas y limpias, destinadas a la seguridad de los detenidos y no a su castigo.
El Código Procesal Penal provincial complementa estas garantías, reforzando la protección del imputado durante todas las etapas del proceso judicial.
Entre los puntos más relevantes, establece que:
El imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado de su confianza o, en caso de no contar con uno, por el defensor oficial.
Puede defenderse personalmente, siempre que ello no afecte la eficacia de su defensa ni entorpezca el proceso.
Si se encuentra privado de libertad, un familiar o amigo puede proponer un defensor, debiendo ser ratificado ante el juez competente.
En el caso de imputados extranjeros, las autoridades judiciales o policiales deben notificar de inmediato al consulado correspondiente, garantizando la asistencia consular.
Todo detenido tiene derecho a entrevistarse en forma privada con su defensor, salvo en los casos de incomunicación legal. La autoridad interviniente debe facilitar este contacto y dejar constancia de ello, ya que la violación de este derecho implica la nulidad del acto.
Sobre este tema, la abogada penalista Susana Soleti explicó a Sitio Andino que los derechos del imputado están claramente establecidos tanto en la Constitución Nacional como en el Código Procesal Penal de Mendoza.
“Toda persona imputada tiene derecho a ser asistida por un abogado desde el primer momento del proceso. Si no cuenta con defensa legal, la imputación es nula. Además, el imputado puede declarar o abstenerse de hacerlo, sin que esa decisión afecte su situación procesal” señaló.
La profesional también destacó la importancia de la presunción de inocencia como principio fundamental del derecho penal. “Mientras una persona no sea condenada por una sentencia firme, se presume su inocencia. Ser imputado no significa ser culpable, y esa garantía debe respetarse durante todo el proceso judicial” afirmó.
En cuanto a la prisión preventiva, aclaró que puede aplicarse cuando el delito imputado prevé una pena mayor a tres años o si la persona es reincidente.
“La prisión preventiva puede cumplirse en un establecimiento penal o en forma domiciliaria. Aunque se mantiene el principio de inocencia, cuando existen pruebas firmes o riesgo procesal, el juez puede disponer la detención como medida cautelar” explicó.
Estas disposiciones reflejan el compromiso del sistema judicial mendocino con los principios del Estado de Derecho y con la protección de las personas frente al poder punitivo del Estado.
El respeto por los derechos del imputado no solo protege a quien enfrenta un proceso penal, sino que también fortalece la legitimidad y transparencia de la justicia.
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