Luego de la conmoción que generó el crimen del médico Sebastián Prado, a principios de septiembre, el gobernador Francisco Pérez lanzó una serie de medidas y anuncios para tratar de calmar los ánimos y dar respuestas sobre la inseguridad, en una época donde la campaña electoral rige la mayoría de las decisiones. Entre esos proyectos está el de modificar el funcionamiento de la justicia penal en la provincia.
La iniciativa cosecha la adhesión de la Corte y legisladores de los distintos partidos políticos, aunque acumula algunos reparos vinculados a la implementación del nuevo Código Procesal Penal que ya lleva más de una década. Una de las principales posturas a conocer era la de la Suprema Corte de Justicia, desde donde podrían surgir algunos argumentos de inconstitucionalidad de la iniciativa que busca la refuncionalización de la estructura orgánica Penal; Juzgados Correccionales y de Garantías y de Garantías en Flagrancia.
El encargado de oficializar el respaldo al proyecto del Ejecutivo fue el el coordinador entre ambos poderes, Raúl Vicchi, acompañado de Pablo Ravalle, uno de los especialistas en Derechos Humanos de la Corte.
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Si bien Vicchi admitió que "muchos jueces están en contra", destacó la necesidad de una reorganización. Y para corroborar esta postura brindó datos concretos. A través de las estadísticas de la Corte, el ex legislador les argumentó a los diputados de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales los motivos por los que se decidió respaldar la iniciativa del gobernador.
Entre otras cosas, Vicchi sostuvo que la necesidad de que 4 juzgados correccionales se transformen en Garantías y Flagrancias y modificar el Código Procesal Penal para establecer las competencias del juez de ejecución, se debe al menor tiempo que demanda la resolución de las causas de correccionales, por lo cual los magistrados están en condiciones de tomar nuevos procesos.
"Es para acelerar el proceso penal, para llegar a la sentencia y la condena", señaló el funcionario judicial y agregó que "hay que buscar la forma de descomprimir las fiscalías porque "están atocigadas debido a lo que se está viviendo", dijo en referencia a la inseguridad.
En concreto, lo que propone Pérez es que parte de las causas de Flagrancia y de Garantías pasen a Correccionales. Si bien las últimas representan el 80% de las causas penales, su resolución implica menos proceso investigativo y, por ende, su resolución puede darse en 15 días.
Las causas correccionales corresponden a aquellos delitos penales menores, que tienen un tiempo de condena máximo de tres años, mientras que los de garantía son delitos mayores con condenas superiores a tres años, y los de flagrancia son aquellos que fueron detectados en el momento en que se produjeron, "in fraganti".Vicchi señaló que dentro de los delitos de Garantía, los de Flagrancia representan el 60% y que cuando se trata de delitos mayores "hay que meter todo el aparato encima: implica la policía judicial, el cuerpo médico forense, lleva más trabajo, más investigación, la aplicación de nuevas tecnologías", argumentando la necesidad de descomprimir estos Juzgados.
Como dijimos párrafos arriba, la argumentación del Ejecutivo para presentar este proyecto es la resolución más ágil que implican los delitos correccionales. Por ejemplo, en 2012 se dictó una sentencia por día hábil, aunque la mayoría se resuelve en el proceso de instrucción.
En 2012, en la Primera Circunscripción Judicial (PCJ) se presentaron más de 102 mil causas, de las cuales llegaron a juicio sólo el 80%. Esta, como la Tercera Circunscripción son las únicas en donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal (Ley 6730).
En tanto, Ravalle destacó que desde 2002 al año pasado, los Juzgados Correccionales recibieron 63% menos de denuncias.
Pese al apoyo de la Comisión de Diputados al proyecto y el compromiso de darle dictamen para que pase al recinto a ser tratado en sesión, el diputado Luis Petri (UCR), puso reparos porque no se implementa aún el Código Procesal Penal en la Segunda y Tercera Circunscripción JHçudicial. "Tenemos un código que rige en un lugar y en otro no, dijo respecto a un tema que se dilata año tras año por falta de fondos.
Sobre esto, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda aseguró que el Ejecutivo se ha comprometido a acompañar presupuestariamente la implementación del Código en toda la provincia y que se ha comenzado con capacitación y adecuación en el Valle de Uco y San Rafael.
Más datos
El poder judicial de la provincia de Mendoza se encuentra dividido en 4 circunscripciones:
La Primera Circunscripción Judicial comprende los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle. En materia Correccional y Penal, donde se pretende el cambio tiene 2 Juzgados de faltas, el Juzgado de Ejecuciones Número 1, 6 Juzgados Correccionales, 5 Juzgados de Garantías, 5 Juzgados de Instrucción, y 7 Cámaras del Crimen.
La Segunda Circunscripción Judicial comprende los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En materia Correccional y Penal cuenta con 1 Juzgado de falta, 2 Juzgados Correccionales, 4 Juzgados de Instrucción, y 2 Cámaras del Crimen.
La Tercera Circunscripción Judicial comprende los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junin, Santa Rosa y La Paz. En materia Correccional y Penal tiene 1 Juzgado de falta, 2 Juzgados Correccionales, 2 Juzgados de Instrucción, y 1 Cámara del Crimen;
La Cuarta Circunscripción Judicial comprende los departamentos de: Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Tiene un solo Juzgado de Instrucción en materia Penal y Correccional.
