El gobierno planea hacerse cargo de las inversiones en obras para el sector eléctrico ante el atraso de las prestadoras, a través del Fondo de Infraestructura Eléctrica y la Empresa Provincial de Energía.
El gobierno planea hacerse cargo de las inversiones en obras para el sector eléctrico ante el atraso de las prestadoras, a través del Fondo de Infraestructura Eléctrica y la Empresa Provincial de Energía.
La decisión tiene que ver con la bajada de línea que inició el gobierno nacional hace meses: el objetivo es mejorar los niveles de producción y la red de distribución tanto a nivel industrial como domiciliario.
La disponibilidad de energía para las fábricas es uno de los puntos más críticos: durante el invierno y el verano, ante los picos de consumo domiciliario, muchas empresas deben paralizar su actividad por no contar con electricidad.
Pero la explosión en la demanda de energía de los últimos años no fue acompañada por inversiones para contar con una infraestructura acorde al mercado.
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A nivel estatal culpan a las distribuidoras, que han incumplido buena parte de los planes de inversión, y desde las empresas aducen que la madre de todos los problemas es el bajo valor de la tarifa. Las firmas se habían comprometido, en 2008, a destinar 188 millones de pesos a obras durante cinco años.
Desde principios de año, el Gobierno Nacional reclama ordenar el sector y comenzar a ampliar la infraestructura del sector. En Mendoza el tema tiene dos patas: por un lado, el progresivo incremento de la tarifa que se aplicará durante lo que queda del 2012 y todo el 2013 eximirá a las empresas de la excusa del precio planchado.
Pero el Gobierno Provincial comenzará a tener un rol preponderante a partir de dos entidades: una será el Fondo de Infraestructura Eléctrica que el Ejecutivo pretende crear para hacer frente a las obras más inmediatas.
El otro organismo es la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA), cuyo estatuto podría ser sancionado la semana próxima. En el Gobierno Provincial creen que desde allí deberá ordenarse el sector con planes estratégicos de inversiones para las próximas décadas.
Este esquema de control es el recomendado desde la Nación, donde no ven con buenos ojos que se demore la creación de EMESA. La firma será, incluso, la que tenga la potestad de negociar la exportación de energía a Chile si Mendoza en algún momento logra excedentes de producción.
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Sobre lo que hay sólo dudas es sobre la posibilidad de que desde la Nación se decida avanzar sobre el mercado eléctrico para quedarse con el control de las principales prestadoras. En Mendoza, la privatización de EMSE le dejó a la provincia una participación minoritaria pero con fuerza suficiente como para sentar un director en cada una de las principales distribuidoras.
Pero, tal cual reconocen en el Ejecutivo, la postura nacional es imprevisible: hace varios meses circulan rumores de que el tándem De Vido-Moreno-Kicilloff apuntó, tras la nacionalización de YPF, la mira sobre Edenorte y Edesur, las distribuidoras porteñas. Y por supuesto desde ahí la ola nacionalizadora podría extenderse al resto del país.

