Si bien en un primer momento parecía que el proyecto impulsado por el Ejecutivo para definir la autarquía del Poder Judicial tendría un tratamiento express en la Legislatura, la reunión que se realizó hoy en la que participaron diputados, senadores y miembros de la Corte Suprema dejó como saldo una notable resistencia al proyecto oficial.
Es que al realizarse la primera reunión entre las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda de ambas cámaras legislativas con los representantes de la Justicia, tanto la oposición como los magistrados dejaron en claro que, tal como está redactado, el proyecto no tendrá consenso.
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Por el lado de la Corte Suprema quienes se hicieron presentes fueron el procurador general del organismo Rodolfo González y el coordinador de las políticas públicas, Raúl Vicchi. Ambos resaltaron que el presupuesto que se busca fijar es insuficiente.
El proyecto del oficialismo es igual a uno que presentó el ex gobernador Roberto Iglesias, pero devaluado, indicó Rodolfo González, quien además cuestionó la constitucionalidad de la norma que se busca aprobar.
Es que al hablar de financiamiento, el proyecto del gobernador Francisco Pérez fija el 7,9% de la recaudación provincial para el Poder Judicial, algo que también hacía la iniciativa presentada por el radicalismo hace poco más de una década. Sin embargo, en el proyecto de Iglesias también se fijaba un piso económico mínimo para la Justicia.
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Así, durante la gestión radical el proyecto indicaba que si el 7,9% de la recaudación no alcanzaba al 6,2% del presupuesto total, entonces este último monto debería ser lo que el Poder Judicial reciba para sus gastos anuales. Este punto, fundamental para los magistrados, es pasado por alto por el proyecto del justicialismo.
No obstante, la visión contraria de la Corte al proyecto no es sólo económica, sino también ideológica. Sucede que según las palabras del representante de los magistrados, la función de la Justicia es dirimir conflictos, no buscar financiamiento, eso corresponde a los poderes políticos del Estado (el Legislativo y el Ejecutivo).
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Por otra parte, si bien en principio se habían mostrado favorables a la norma, desde el radicalismo también cuestionaron algunos puntos de la iniciativa oficialista sobre la Autarquía y destacaron que pedirán cambios.
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Hay algunos temas, como el de poner un piso al dinero que recibirá la Justicia, que están mal redactados o aclarados de firma incorrecta, resaltó el senador Cesar Biffi.
Por su parte, desde el Partido Demócrata todavía se muestran neutrales en la discusión y buscan no confrontar hasta que el debate comience entre los legisladores, por lo que esquivan hablar de los temas más candentes del proyecto: el financiamiento y la constitucionalidad.
Finalmente, desde el oficialismo el vicegobernador Carlos Ciurca tomó la voz y dejó en claro que lo presentado por el PJ es un borrador que está abierto a los cambios que tanto la oposición como los miembros del Poder Judicial pretendan realizar.
Texto completo del proyecto
ARTICULO 1º: El Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, funcionará con plena autarquía financiera. A tal efecto gozará de las más amplias facultades de administración de los bienes propios y de los recursos asignados por ley.
ARTICULO 2º: El Poder Judicial tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
Confeccionar y presentar el presupuesto anual de gastos y recursos de acuerdo a las técnicas presupuestarias utilizadas por el Poder Ejecutivo y a lo dispuesto en la presente Ley.
Administrar su presupuesto y patrimonio con autonomía financiera y de conformidad a lo previsto en la presente norma, las Leyes nº 3.799 , nº 4.416, sus modificatorias y respectivas reglamentaciones .
Aceptar legados y donaciones.
Realizar todo acto jurídico tendiente a lograr sus objetivos y metas.
Regular el sistema de compras, ajustándose a la legislación vigente.
Acordar mediante los mecanismos legales vigentes, las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, las que serán ratificadas por Ley y deberán tener una razonable correspondencia con las políticas salariales que se aplican en el resto de la Administración Pública Provincial.
Presentar la rendición de la cuenta del ejercicio en forma directa al Tribunal de Cuentas de la Provincia, sin intervención de la Contaduría General de la Provincia, conforme lo establece el artículo 13 bis de la Ley nº 3.799.
Convenir con el Poder Ejecutivo y con cualquier otra entidad gubernamental o no gubernamental el servicio de liquidación de sueldos o cualquier otro tipo de servicio administrativo que considere necesario.
Aplicar para la registración contable, el Sistema de Información Contable (SIDICO), establecido por Ley nº 6.958.
Reglamentar los aspectos financieros y presupuestarios con el fin de optimizar la percepción, administración, control y ejecución de los recursos y gastos previstos en esta Ley.
ARTICULO 3º: Los recursos del Poder Judicial se conformarán por:
El importe equivalente al siete con noventa centésimos por ciento (7.90%) de los recursos del Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor y Coparticipación Federal Ley Nº 23548.
El importe equivalente al cien por ciento (100%) de la recaudación de la Tasa de Justicia.
El importe equivalente al cien por ciento (100%) de la multas, artículo 47 inciso 3º del Código Procesal Civil Ley Nº 2.269.
El importe equivalente a la venta de Publicaciones que realiza la Dirección de Fallos Judiciales, artículo 10 Ley Nº 4099.
El importe equivalente a las inscripciones, rubricaciones y/o certificaciones que efectúe la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia.
Las rentas que devenguen los depósitos judiciales que no tengan un destino dispuesto por ley, por una decisión judicial o cuya imposición a plazo haya sido requerida por el depositante y dispuesta por la resolución judicial y de acuerdo a la rentabilidad acordada con la entidad bancaria.
Donaciones, fianzas cumplidas o prescriptas, aranceles o cualquier otro recurso que se origine en el funcionamiento de los tribunales provinciales.
Los aranceles que se fijen en el ámbito funcional del Poder Judicial de la Provincia.
Otras tasas que puedan crearse, ajustando su creación y afectación a lo previsto en la Ley de Contabilidad.
ARTICULO 4º: La Suprema Corte de Justicia remitirá al Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos y recursos un mes antes de la época en que deba ser enviado a la Legislatura el presupuesto general de la Administración Pública, al efecto de la consolidación.
ARTICULO 5º: El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, tiene todas las facultades para elaborary ejecutar el presupuesto de acuerdo a los objetivos y metas fijados por dicho Poder y podrá efectuar las modificaciones y reestructuraciones tanto en la planta de personal, como en la totalidad de las partidas presupuestarias, teniendo como límite las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto y sin perjuicio de comunicar al Poder Ejecutivo los actos administrativos correspondientes.
ARTICULO 6º: El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Poder Ejecutivo Provincial realizará mensualmente las transferencias de recursos establecidos en el artículo 3º de esta Ley a las cuentas del Poder Judicial , quedando el uso del crédito presupuestario restringido en la medida que se recauden efectivamente dichos recursos.
ARTICULO 7º: La presente Ley tendrá aplicación a partir del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 inclusive.
ARTICULO 8º: El Ministerio de Hacienda y Finanzas, a través de la Contaduría General de la Provincia, reglamentará el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo el cierre de las cuentas presupuestarias y patrimoniales correspondientes al Poder Judicial.
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