En el marco del conflicto paritario que tiene al Gobierno y a los trabajadores Judiciales como protagonistas de una disputa que parece no tener una salida consensuada posible, el Ejecutivo encontró la solución para debilitar el reclamo apelando a otra entidad gremial.
Es que según informó el ministro de Gobierno y Trabajo, Félix González, el ministerio de Trabajo de la Nación legitimó el pedido de la Asociación de Funcionarios Judiciales (que se contrapone al gremio de Empleados Judiciales, dirigido por Carlos Ordoñez) para poder sentarse a negociar un incremento salarial por separado.
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De esta forma, sin querer queriendo, el Gobierno consigue que el gremio de Empleados Judiciales pierda aproximadamente 1100 trabajadores, lo cual le significa aproximadamente un 25% de la masa de empleados que representaba hasta el momento.
Según explicó Félix González, los funcionarios judiciales hace varios años que vienen luchando por poder sentarse en paritarias, y como legalmente el gremio de trabajadores Judiciales no los representa ahora podrán negociar aparte.
Si bien desde el Ejecutivo todavía no han hablado con el nuevo gremio y no saben que pedirán en las negociaciones, se cae de maduro que como los salarios de estos trabajadores son los más altos (pertenecen a las clases que van de la 1 a la 7) será más sencillo arreglar un porcentaje en torno al 20%.
Esta "movida" que el Gobierno consiguió realizar gracias a la intervención de la Nación toma mayor importancia al tener en cuenta que en ese 25% de trabajadores están incluidos desde los asesores de juzgado hasta los secretarios de la Corte Suprema, quienes al percibir los salarios más altos cobran, en conjunto, casi el 45% del total de los fondos destinados a los salarios del sector.
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Además, González confirmó que no está en manos del Ejecutivo decidir si se les descuenta el día de paro o no a los empleados (que ya cumplen 24 días sin concurrir a su lugar de trabajo), pero ratificó que le pedirán a la Corte (quien tendrá la decisión final), que aplique los descuentos para no fomentar las medidas de fuerza.
De esta forma, pese a que Carlos Ordoñez en nombre de la mayoría de los empleados del Poder Judicial ya ratificó que no aceptarán el aumento por decreto firmado por el Gobernador, el Ejecutivo consigue reducir cada vez más la cantidad de trabajadores en pie de lucha, ya que también piensa que al recibir el dinero extra que surgirá del decreto muchos judiciales desistirán en su reclamo.