A un año y medio de la sentencia penal por el crimen de Emir Cuattoni (15), el chico que fue asesinado en el Parque Benegas de Godoy Cruz, el empresario Gustavo Seré presentó la demanda contra el Estado por daños y perjuicios al haber estado 14 meses detenido como presunto autor del crimen, cuando no tenía ninguna relación con el hecho.
Patrocinado por los abogados Luis Santamaría y Guillermo Yornet, el damnificado pidió una indemnización que supera los 7 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, como así también una reparación por "imagen pública".
La demanda fue presentada días atrás y ahora comenzará un largo proceso judicial en el que el Estado deberá responder por dicha investigación en contra del hombre.
Gustavo Seré fue detenido en setiembre del 2017 e imputado por el homicidio del menor de 15 años, quien fue baleado en el Parque Benegas en abril del 2016, ataque que le provocó la muerte en mayo de ese año.
Tras un año sin detenidos, la justicia centró la investigación en Seré, luego de una serie de testimoniales que lo complicaron. Por esto, se le dictó la prisión preventiva y estuvo 14 meses en el penal de Boulogne Sur Mer.
Recién en noviembre del 2018 y tras la aparición de nuevas pruebas y testimonios, la justicia liberó a Seré.
Para Seré, el verdadero culpable mandó a testigos falsos para que declararan en contra suyo.
A lo largo de la demanda, que consta de 37 páginas, los abogados plantean los daños morales y psicológicos que sufrió Seré al ser señalado como autor del homicidio. En ese sentido, los letrados y el damnificado pidieron "limpiar la imagen del empresario".
Los abogados marcaron los errores judiciales que llevaron a la captura de Seré y resaltaron que sólo un testigo dijo que Seré "se parecía en un 65% al autor del disparo". Así, resaltaron que no hubo un reconocimiento real y que con esos pocos datos se ordenó la prisión preventiva del hombre.
Agregaron que un supuesto investigador privado que contrató la familia del chico asesinado acusó a Seré por un problemas de drogas, indicando una supuesta relación del damnificado con el padre de unos los chicos que estaba con Cuattoni al momento del ataque.
En este sentido, los abogados defensores cargaron también contra los profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes avalaron el testimonio de ese investigador, a pesar de que los letrados habían marcado que el relato era falso.
"Nuestro cliente se vio incriminado por un testigo falso cuyos dichos fueron avalados y valorados por el Ministerio Público y el Cuerpo Médico Forense", reza en la demanda.
En base a esto, el empresario afirma presentar un cuadro de estrés post traumático severo, con una incapacidad del orden del 30%, "consecuencias que afectarán a su actividad laboral presente y futura, como así también en todos los ámbitos de su vida".
Así pidió una indemnización total de $5.311.147, monto al que se le deberá sumar otros 2 millones de pesos en concepto de reparación de "imagen pública".