Legislatura

Buscarán derogar la ley que prohíbe la venta del misoprostol en Mendoza

Por Redacción de SITIO ANDINO

Luego de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los estados provinciales deberán empezar a preparar el sistema sanitario para poder garantizar el nuevo derecho. En Mendoza, aún se encuentra prohibida la venta de misoprostol (medicamento recomendado por la OMS como método seguro para abortar), y en la Legislatura buscarán derogar la norma que no permite la comercialización del fármaco.

Ana María Andía.

En comunicación con el programa "Nada Simple" de FM 90.1 Radio Andina, la legisladora radical se refirió a la iniciativa, que buscará reflotar a partir de febrero cuando se reanude la actividad parlamentaria. "El misoprostol es una droga que provoca contracciones uterinas. Se utiliza en todas la maternidades del país para provocar la inducción del trabajo de parto y facilitar la expulsión de un feto muerto, y también para provocar un aborto", comenzó.

"Se vende en todo el país, está autorizado por la Anmat. El objetivo de la ley de 2009 era evitar su utilización para provocar abortos, pero lo que hizo fue alentar un mercado negro, con todos los riesgos que implica. Además, incrementa los precios muy significativamente. Puede tratarse de partidas robadas, falsificadas, etc.", señaló.

Asimismo, comparó la situación con lo que sucedía antes de 1998, cuando no se podía adquirir métodos anticonceptivos en hospitales públicos, ya que quienes no podían acceder a esto eran las personas de bajos recursos. "Es mucho más sencillo, saludable, digno y respestuoso de las decisiones de cada persona con respecto a la voluntad de procrear o no, y por otro lado, es mucho más bajo el costo de brindar esta posibilidad que atender las consecuencias de un embarazo no deseado, incluidos los abortos de riesgos", sostuvo Andía.

En este sentido, manifestó que con la prohibición del misoprostol las obras sociales o prepagas no pueden brindarlo. "Para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las personas con obra social o prepaga tenían que ir a un hospital público, y se generaba un subsidio cruzado y el Estado financiaba a obras sociales. Con esta ley eliminaríamos los riesgos del mercado ilegal y, también, quienes tienen cobertura de obra social o prepaga accederían a través de ese tercero obligado", destacó.



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