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Contra la estatización de Vicentín, empresarios mendocinos piden rescate para pymes

Por Miguel Ángel Flores

"Nunca una expropiación cumplió con sus objetivos. Jamás el Estado manejó eficientemente los activos expropiados. Nunca el Estado logró, como administrador, bajar los precios al consumidor. Siempre la sociedad terminó pagando una fortuna en los tribunales. Sin hablar de la corrupción que rodea desde siempre la actuación comercial del Estado".

Así comienza un documento promovido por un grupo de 50 dirigentes gremiales empresarios de Mendoza junto a sus pares de otras 4 provincias, que marca una clara postura respecto al asunto de la intervención y expropiación del grupo agroindustrial Vicentín, con activos en la provincia, para contrastar, con números propios, el valor de rescatar al holding de su pasivo de u$d 1.500 millones. El mismo monto de la deuda tributaria pyme con Afip, que podría darles oxígeno financiero para seguir

Por eso, en la misma línea crítica, el planteo, al que también adhieren referentes de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, cuestiona el principio de la "soberanía alimentaria" esgrimido por el Gobierno para justificar el propósito de avanzar sobre Vicentín, considerándolo "insensato". 

"Conseguir la soberanía alimentaria suena a una fantasía retro y plantear que se resuelve el problema alimentario cuando en realidad solamente se trata de una compañía que procesa grandes cantidades de aceite vegetal es, como mínimo, infantil y superficial", plantean en el escrito, que por Mendoza suscribieron Raúl Giordano, de Cafim (Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza), Fernando Barbera (Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos) y miembros de Asinmet (Industriales Metalúrgicos), entre otros empresarios.

Para Giordano "la intención no es entrar en conflicto respecto al caso Vicentín. Sí reflejar lo que podría hacerse para ayudar al entramado pyme, que está atravesando una situación crítica".

De acuerdo a los referentes consultados, el planteo puede ser la antesala de un reclamo concreto dirigido al Gobierno, que de materializarse la estatización de Vicentín, puede tomar impulso. El diagnóstico marca que, a un 30% de su capacidad instalada, las pymes cargan con un pasivo global asfixiante: de u$S 8.000 millones, casi 20% corresponden a Afip atribuible a "una carga tributaria injusta e impagable". Y los restantes u$d 6.500 millones es deuda bancaria "fruto de tasas anuales de interés del 90% durante los últimos tres años". 

"Las pequeñas y medianas empresas representan un 70% del movimiento económico del país.  Se trata de enfocarse en la situación laboral y tributaria para pedir cambios importantes y necesarios", apunta por su parte Barbera.

Rescate pyme versus Vicentín

En este punto, se contrastan los números que involucraría para el Estado el rescate de Vicentín con la demanda pyme para seguir en pie: mientras que en el caso del polo agroindustrial santafesino el Estado debe asumir una deuda de U$S 1.500 millones "por una empresa que factura u$s 4.000 millones y emplea a 1.300 personas", para el universo de pequeñas y medianas empresas significaría salvar a 600.000 unidades que facturan u$d 170.000 millones (42% del PBI) y 7 millones de empleos.

"Los mismos U$S1.500 millones de Vicentín, en el caso de las pymes salvarían diez veces más. Más significativo aún es que en el caso Vicentín se defienden 1.300 empleos, mientras que en el universo pyme con la misma plata se mantienen 1.700.000", aseveran, no sin destacar que a su criterio no reviste urgencia salvar a un holding concursado "que paga sueldos y tiene al menos dos serios candidatos negociando su compra".

En definitiva, los dirigentes concluyen en una ecuación contundente: seguir adelante con la expropiación significará pagar más de U$S1.000.000 por empleado, mientras que la misma inversión equivale a menos de U$S 1.000 por cada trabajador de pequeñas y medianas empresas.


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