A pesar de los cientos de pedidos que hicieron presos de nuestra provincia para acceder a la detención domiciliaria, sólo algunos casos fueron aceptados por la Justicia y en su mayoría son de situaciones extremas.
7 de abril de 2026
A pesar de los cientos de pedidos que hicieron presos de nuestra provincia para acceder a la detención domiciliaria, sólo algunos casos fueron aceptados por la Justicia y en su mayoría son de situaciones extremas.
El propio Fernando Guzzo, Jefe de la Fiscalía de Homicidios de la provincia y representante del Ministerio Público en la mesa de diálogo tras los reclamos en la cárcel, aceptó que "sin coronavirus se les otorgaría igual porque son casos extremos", es decir grupos de riesgo.
Desde que estalló el conflicto por la pandemia, la provincia tiene unas 12 audiencias diarias para definir un pedido de prisión domiciliaria (a principios de abril ya había 400 planteos). Así, cientos de internos han solicitado ese beneficio pero a la mayoría se los han negado.
Un promedio de los casos tratados hasta ahora, indica que sólo 2 de cada 10 pedidos son aceptados en Mendoza. Así, cerca de un centenar de internos han accedido al beneficio (no se ha informado oficialmente la cifra), la mayoría de estos, condenados por delitos de lesa humanidad -ancianos- y acusados por delitos menores.
Así lo confirmaron las autoridades tras la mesa de diálogo que se realizó este martes en la cárcel de Boulogne Sur Mer y del que participaron representantes de presos, organismos de Derechos Humanos, autoridades de la cárcel, fiscales y funcionarios de Justicia.
En la reunión, las autoridades también dejaron en claro a los representantes de presos que no accederán a ningún tipo de disminuciones de pena. Esto, según trascendió, fue un pedido del gobernador Rodolfo Suarez.
A partir de allí, cada caso solicitado es analizado particularmente y al saber esto, los presos terminaron su huelga de hambre.
"Fue una reunión tranquila. Más allá de los pedidos de los presos que ellos creen que están en el grupo de riesgo no hicieron pedidos raros", afirmó Guzzo.
Luego agregó: "La situación en esta provincia es más tranquila. Mendoza tiene un nivel de institucionalidad mucho más serio que otras provincias".
La próxima reunión será el 7 de mayo, día en el que las autoridades prometieron "informar" a los internos sobre el resultado de todos los análisis y en ese sentido, explicar el resultado de cada uno de los pedidos.
La domiciliaria, controlada por pulseras
Por otra parte, los funcionarios que participaron del cónclave destacaron que cada uno de los internos que accede al beneficio de la detención domiciliaria es controlado por una pulsera electrónica, es decir, que no puede salir por ningún motivo de su vivienda.
En este sentido, algunos de los pedidos fueron demorados hasta que se habilitaron nuevas pulseras.
¿Cómo se controla? A los presos se les coloca una pulsera que es controlada por un teléfono que queda instalado en la vivienda.
La cinta magnética tiene una distancia determinada para movilizarse y si ese radio es sobrepasado, el teléfono suena. En ese caso, el interno debe contestar o de lo contrario la policía se dirige al domicilio. Claro está que si el acusado viola el régimen, regresa a la penitenciaría.
Pedido de la ONU
Desde que la pandemia del coronavirus atrapó a todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requirió a los países sacar de las cárceles a los presos que estaban en situación de vulnerabilidad y varios países accedieron.
En base a esto, se analizan los pedidos de mayores de 65 años o internos que cuentan con una enfermedad que pueda agravar la situación en caso de contagiarse.
Si bien hasta el momento no hay casos positivos de Covid-19 en las cárceles de Mendoza, a diario ingresan cientos de personas a los complejos -agentes, funcionarios, empleados-.
Cuando un abogado defensor solicita el beneficio, se analiza el caso, se estudia su condena, el delito que cometió, el grado de la enfermedad y se hacen encuestas ambientales para saber si está condiciones de cumplir con el régimen. Luego, un juez decide.
Las autoridades piden, aunque parezca una obviedad, reiterar que los internos "no son liberados", sino que siguen el proceso de detención en sus casas y sin poder salir de ellas.
