Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos tras ser acusados de captar migrantes en situación irregular. Les cobraban dinero para luego reingresarlos clandestinamente a Chile.
Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes
Foto: Gentileza Vialidad NacionalDos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en el Paso Cristo Redentor por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), ya que los acusaban de integrar una maniobra ilegal. Ambos se dedicaban a facilitar el ingreso irregular de migrantes a Chile, utilizando los pasos fronterizos de la zona cordillerana.
De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, los imputados (identificados como L.H.J.M. y V.H.A.Z., ambos domiciliados en la ciudad de San Felipe) contactaban a ciudadanos bolivianos que ya se encontraban en Chile en condición irregular.
La propuesta consistía en sacarlos del país de manera informal y reingresarlos posteriormente, con el objetivo de que pudieran iniciar trámites para obtener permisos laborales. Por este "servicio", cobraban 70 mil pesos por persona.
El operativo se concretó el pasado sábado, cuando los acusados reunieron a 13 ciudadanos bolivianos y los trasladaron en un furgón con destino a Argentina, atravesando el Sistema Integrado Cristo Redentor.
Sin embargo, al llegar al complejo fronterizo de Horcones, en territorio argentino, las autoridades migratorias detectaron irregularidades en la documentación del vehículo, lo que obligó al grupo a regresar a Chile.
Al reingresar al país, efectivos de Policía Internacional advirtieron una situación irregular: las personas transportadas no registraban ingreso legal previo a Chile.
Tras ser entrevistados, los migrantes revelaron que habían pagado dinero a los imputados con la promesa de facilitar su ingreso y posterior regularización.
Con estos antecedentes, ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Jorge Alfaro Figueroa los formalizó por el delito de trata de personas, contemplado en el Código Penal chileno.
Por su parte, el magistrado Raúl Valenzuela Rodríguez decretó como medidas cautelares arraigo nacional y firma mensual en Carabineros, durante los seis meses establecidos para la investigación.
