Mientras que en el país son más de 200 mil las personas que han violado la cuarentena dispuesta por la pandemia del coronavirus, en Mendoza, la cifra no para de aumentar. Según el último informe del Ministerio Público Fiscal, en la provincia ya hay más de 2 mil imputados por no respetar el distanciamiento social y preventivo obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.
Ante este panorama, un médico propuso una idea que fue respaldada y elevada por el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri (UCR) y que consiste en enviar a realizar trabajos comunitarios a todas aquellas personas que violen la cuarentena. Esto siempre y cuando, el infractor no sea reincidente ni tenga antecedentes penales.
La iniciativa que nació como una opinión en las redes sociales está vigente en Mendoza desde el pasado 25 de marzo a través de la Resolución N° 49/2020 del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La medida establece que salvo las excepciones mencionadas anteriormente, la regla de conducta que se impondrá es la de prestar servicios no remunerados a hospitales y centros de salud.
"Se han registrado más de 200 mil notificaciones de infracción al aislamiento en todo país. Para dimensionar el problema, tengamos en cuenta que la cantidad de personas que han violado el aislamiento, colocándose ante una posible sanción penal, a la fecha, equivale al doble de la población penitenciaria argentina, sumado el Sistema Penitenciario Federal y el de las Provincias", expresó Petri.
"Sin ir más lejos, el Sistema Federal actualmente aloja a 13.743 personas. Donde, más allá de disponerse una pena, que en su gran mayoría no será de cumplimiento efectivo, sí nos obliga a repensar la misma para garantizar su cometido. Creemos entonces que ante la infracción, deben imponerse trabajos comunitarios. Por supuesto que se trata de tareas acordes a las capacidades aptitudinales del imputado y siempre con las medidas de bioseguridad correspondientes garantizadas para evitar el riesgo de la exposición. Son tareas que, además, se podrán realizar no sólo en hospitales y centros de salud sino también en municipios, escuelas, seccionales policiales y oficinas fiscales", sumó.
Para Petri, Mendoza ha marcado el puntapié inicial y sostiene que los jueces y fiscales de todo el país deberían tomar la misma medida ante las violaciones al aislamiento. "Creemos que sería necesario que a futuro, estas sanciones se establezcan a través la ley. Que sea esa la normativa que expresamente disponga el trabajo comunitario como sanción por incumplimiento de la cuarentena ya que de esta manera se garantiza la uniformidad de las decisiones ante supuestos similares, condición imprescindible de la igualdad ante la ley", cerró el diputado nacional.
Cada caso será evaluado de forma individual para constatar si el imputado es o no reincidente o si tiene antecedentes penales de otro tipo. Serán los fiscales entonces quienes manejarán la información de quiénes son los que, finalmente, recibirán esta sanción por no acatar el aislamiento obligatorio.
A continuación, la resolución completa:
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