Acorde al Registro de Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Mendoza existen 247 barrios vulnerables en los que residen más de 16 mil familias. Es decir, que en la provincia, casi 60 mil personas viven en casas precarias sin servicios básicos como los de agua, luz, cloacas y gas. Este lunes, en el Día Mundial del Hábitat, diferentes organizaciones se convocaron en la Plaza Independencia para visibilizar esta problemática.
En octubre del 2018, se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 27.453, "Régimen de Regularización Dominal para la Integración Socio Urbana" con el objetivo de beneficiar a 4 millones de personas que hoy viven en 4.416 Barrios Populares en todo el país. La normativa plantea estas familias puedan comprar la tierra en la que viven y acceder al título de propiedad.
Según explica la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su página web, este proceso puede realizarse transfiriéndolas del Estado Nacional a las provincias y/o los municipios, con la obligación de que estos la transfieran a sus actuales ocupantes, y/o desde AABE directamente a sus ocupantes.
"La regularización de estos terrenos nunca es gratuita: se evalúa en cada caso el otorgamiento de planes de pago y financiación, según las condiciones personales, sociales y familiares de los vecinos. En aquellos casos en que los barrios se asienten sobre inmuebles que no sean del Estado Nacional, AABE procederá a expropiarlos pagando a sus titulares el valor de la tierra, para luego avanzar con su regularización", precisa el texto de la AABE sobre la ley.
Ahora bien, a un año de su sanción aún no ha sido reglamentada por lo que todavía no tiene un presupuesto asignado. Este es uno de los reclamos de las familias y organizaciones que se congregaron en la plaza principal de la ciudad.
"La Ley es nacional y entre sus objetivos declara de interés público el régimen de integración socio urbana de 247 barrios populares de nuestra. Implementarla significaría comenzar a planificar y ejecutar las obras. La norma dice que se debe hacer progresivamente, es decir, por etapas no es que de manera inmediata queremos que se urbanice todo. También establece que se escrituren los terrenos y quienes viven allí sean propietarios", señaló Laura Martínez, de la Mesa Provincial de Barrios Populares.
"A su vez, prevé la suspensión de desalojos por 4 años. Todo esto implica que, en realidad, lo que se garantiza son los derechos humanos. No hablamos sólo de acceso a tierra y vivienda adecuada, sino también a salud porque son familias que no tienen agua, gas, cloacas", sumó.
A su lado, Leandro Becerra, coordinador provincial del Renabap detalló: "Entre 16 mil y 20 mil familias viven en estos 247 barrios populares en la provincia, esto equivale según el censo que llevó adelante Renabap que casi 60 mil personas residen sin acceso a sus derechos básicos. De las 14.500 familias censadas, el 50% son menores de 19 años, es decir, son niños, niñas y adolescentes. Hilando más fino, el 70% son menores de 30 años".
"La mayoría de estos barrios están ubicados en el Gran Mendoza, en especial, en Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. En San Rafael, también hay muchos. La situación en la que está cada uno varía dependiendo de cada barrio y municipio. En algunos se ha avanzado más, en otros menos", dijo.
Y concluyó: "También hay un decreto nacional 358/17 que institucionaliza el Renabap que fue el motor para el surgimiento de la ley. Se ha trabajado mucho y estamos avanzando. Por ejemplo, los vecinos ya cuentan con un certificado de vivienda familiar que pueden retirar y ese certificado da un domicilio legal y fiscal a la familia y se la reconoce. Permite realizar trámites para acceder a servicios básicos. El obstáculo que a veces se presenta es que desconocen esto".
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