Tras el importante fallo firmado por la Corte Suprema de Justicia por medio del cual toda mujer que ha sido víctima de un aborto tiene derecho a interrumpir su embarazo, en la provincia se pronunciaron voces a favor y en contra y se plantea un nuevo debate.
Desde considerar el fallo como un pequeño avance para el posterior tratamiento de la despenalización hasta señalarlo como inconstitucional, diversas agrupaciones mendocinas analizan la pronunciación de los supremos jueces.
Con este fallo se le quita una herramienta a aquellos que se oponen e imponen procesos judiciales tanto contra las mujeres violadas como contra los médicos que practican los abortos. Así, quien incurre en el delito es quien impide el aborto y no quien se lo practica, explicó Leandro Ferrón desde la Campaña por el Derecho al Aborto Seguro y Gratuito.
Para Ferrón el fallo, es un pequeño avance que impide la judicialización de los casos y que no tiene grises y si bien no tiene una acción vinculante con el posible tratamiento de la despenalización, impide que una mujer violada sea culpada por practicarse un aborto.
Ferrón en diálogo con SITIO ANDINO trajo a colación el caso de una niña de 14 años, de Rivadavia, discapacitada, quien fue abusada sexualmente por un pariente y producto de ello quedó embarazada a fines de 2010. En ese momento el Comité de Bioética se pronunció en contra, sabiendo que se trataba de una familia humilde, algo completamente inhumano.
Por su parte, Pablo Gaete, de la agrupación Frente Joven de Mendoza, tildó el fallo como inconstitucional, y si bien es un tema sensible en la sociedad a lo que se debe apelar es al derecho supremo a la vida, tanto de la madre como del niño.
Según Gaete, la solución no es el aborto sino el cuidado y el apoyo a la madre y a su hijo. De todas maneras, desde la agrupación sostienen no estar a favor de las penas de prisión contra las madres sino de trabajo comunitario, para que las mujeres sepan que lo que hicieron está mal.