El Gobierno nacional intimó hoy al de la Ciudad de Buenos Aires a hacerse cargo del servicio del subterráneo y antes de que el planteo llegara a la Justicia, la administración de Mauricio Macri directamente lo llevó a los estrados del fuero contencioso administrativo.
Tras un fin de semana con nuevos cruces de acusaciones, el ministro de Planificación, Julio De Vido, intimó al jefe de Gobierno porteño a que se haga cargo del subte.
Ante esta situación, Macri presentó una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los subtes queden bajo la órbita nacional hasta que "cumpla con las obligaciones asumidas en los artículos tercero, quinto y concordantes" del acta acuerdo firmada a principios de año.
Todo comenzó a primera hora de hoy, cuando el Gobierno nacional intimó a las autoridades del Ejecutivo porteño para que cumplan con el acta firmada para formalizar el traspaso del servicio de subterráneos a la Ciudad de Buenos Aires.
La intimación -firmada por el propio De Vido- reclama al Gobierno porteño que cumpla con "inmediatez" lo firmado en el acta y sería el paso previo de una denuncia ante el fuero contencioso administrativo previsto para esta misma semana.
Rápido de reflejos y sabiendo que el próximo paso iba a ser la presentación judicial, el macrismo respondió con una medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.
Es que la Ciudad hizo reserva de la cuestión federal, por lo que en caso de considerarlo necesario el máximo tribunal judicial del país tomaría cartas en el asunto, porque existen derechos de orden constitucional en juego.
En el escrito del Gobierno macrista, se aludió al compromiso que había asumido la Nación para abonar 360 millones de pesos por la mitad de los subsidios de un año y a la obligación porteña de aplicar como método de percepción de boletos el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), entre otros aspectos técnicos del acta acuerdo.
También la Ciudad mencionó como "fundamento jurídico" de la pretensión, a la Resolución 10 de la Secretaría de Transporte que "incumplió la obligación asumida en el artículo tercero" del acta acuerdo, que implicaba la "eliminación de todo subsidio a cargo del Estado Nacional".
Como segundo punto de conflicto, el Gobierno porteño recordó el retiro de la Policía Federal de los andenes -luego prorrogado por 30 días- "lo que pone en riesgo a las personas de los usuarios y a los bienes afectados a la prestación del servicio público de transporte subterráneo".
Más allá de los aspectos técnicos-jurídicos, estas presentaciones significan el arribo de la cuestión a los estrados judiciales y la posibilidad de que la Corte Suprema deba definir sobre quién tiene la potestad de los subtes.
Pero horas antes de llegar a esta instancia, el propio Macri se había mostrado abierto a retomar el diálogo por el traspaso de los subtes, condicionado a que "se cree un nuevo espacio de trabajo de buena fe" con la Nación.
"Toda suspensión se puede retomar. En la medida que se cree un nuevo espacio de trabajo de buena fe, vamos a estar. Nuestra obligación es trabajar en conjunto" con la presidenta Cristina Kirchner, sostuvo Macri.
En la misma línea se expresó la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, quien aseguró que su administración aceptaría el traspaso del subte siempre que el Gobierno nacional pague la deuda que hay en tareas de mantenimiento, que "rondan los mil millones de dólares".
Vidal aseguró que está "agotado el tiempo de trabajo entre ministros", y que sólo puede destrabar el conflicto "una decisión política" de la presidenta Cristina Kirchner.
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