Este martes en la Legislatura, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura presentó un informe anual basado en las condiciones del sistema carcelario de Mendoza. Tras una extensa investigación, llegaron a la conclusión que la situación es crítica y muy preocupante.
Las condiciones de las penitenciarías son bastante conocidas, sobre todo porque desde hace varios años, Mendoza ha tenido la lupa puesta de los organismos internacionales de Derechos Humanos, quienes han dado a conocer las pésimas situaciones en las que habitan los internos. Hacinamiento, condiciones insalubres de vida, represión y casos de torturas, entre otros. Asimismo, informaron que más del 40 por ciento de los presos son procesados, pero igual cumplen la pena igual que los condenados.
Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de la libertad, expresó que este informe fue fruto del trabajo que se realizó desde febrero de 2014 hasta el presente. Es un trabajo crítico pero que tiene como único fin intentar construir, generar conciencia y coadyuvar en el armado de políticas públicas, aportó.
Además, el Procurador expresó que esta problemática no debería ser usada como bandera política, porque tendría que ser una Política de Estado en al cual participen no sólo los partidos políticos, sino también todos los poderes del estado.
Con respecto a los datos que arrojó el informe, Imparado sostuvo que sumados a los mencionados arriba- se visibilizó el uso abusivo de la prisión preventiva (o detenciones). Sobre esto, desde la Comisión notaron que Mendoza es una de las provincias del país que más detenciones realiza, aunque denunciaron que en muchos casos, los fundamentos de esos operativos son poco claros.
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Los criterios para aplicar la prisión preventiva son laxos y hasta rozan la ilegalidad por parte del Ministerio Público. Se encarcela de forma excesiva, por lo que vamos a pedir que se investigue a los fiscales y jueces de garantía, agregó.
Finalmente, Imparado afirmó que se presentaron una serie de recomendaciones para llevar a cabo desde el Estado, para solucionar los problemas que evidencian desde el informe. Son demasiados los conflictos que se detectaron, y desde las instituciones reconocieron el colapso de este sistema carcelario. Hay que pensar en alternativas y plantear un viraje de 180 grados, concluyó.
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