José Luis Ramón, abogado integrante de la ONG Protectora cuestionó el accionar del EPRE en el proceso que se está desarrollando para generar una nueva audiencia pública que autorice un aumento tarifario en la distribución de energía eléctrica y dijo que no se están custodiando los intereses de los consumidores y anticipó que harán un planteo formal para objetar el proceso en una reunión que se realizará este jueves en el Consejo Consultivo de la entidad.
Ramón hizo estas declaraciones en RADIO ANDINA San Rafael y también descartó la posibilidad de que vaya a haber un aumento de gas en el Sur Mendocino, porque el tema del gas en el Sur mendocino tiene vigente 100% una orden judicial emanada del Juzgado Federal a cargo del Dr. Puigdéngolas que manda a la empresa distribuidora abstenerse de realizar cualquier ajuste en la tarifa hasta tanto no se adecue todo el procedimiento formal y se realice la audiencia pública que se necesita para poder configurar el aumento, cosa que hasta ahora no ha existido.
En cuanto al tema de la luz, Ramón informó que hace varios años la ONG que representa viene trabajando y calificó como mucho más prolijo el trabajo que realiza el EPRE con las empresas distribuidoras de energía eléctrica que con el gas, porque se ha respetado el procedimiento de la audiencia pública que se necesita para poder aumentar la tarifa.
El proceso de la audiencia pública
La última audiencia pública que se realizó, ocurrió en 2013 y generó un régimen de actualización de la tarifa que ya se encuentra vencido, por eso actualmente se está en gestación otro procedimiento que culminará el 30 de setiembre, cuando se realizará una nueva audiencia pública que permitirá generar el decreto que firmará el gobernador y autorizará un nuevo aumento.
Este procedimiento viene desarrollándose desde 2014, pero en el medio apareció un programa de convergencia tarifaria que fue propuesto por el gobierno nacional que ordenaba a todas las distribuidoras domiciliarias que no ajustaran sus tarifas, porque aplicó un subsidio para que las empresas hicieran las inversiones necesarias para poder seguir prestando el servicio en condiciones normales sin aumentar el costo del servicio en las facturas que llegan a nuestros hogares, según dijo.
Ahora bien, como desde Protectora somos parte del Consejo de Usuarios del EPRE, venimos planteando nuestras inquietudes sobre varios puntos que son prácticamente un agujero negro que todavía no tiene solución ni desde el EPRE, ni desde las distribuidoras, expresó.
El primer punto tiene que ver con ese plan de convergencia tarifaria en virtud del cual, el Estado nacional obliga a que las distribuidoras realicen inversiones en infraestructura con ese dinero que reciben como subsidio y el EPRE no ha mostrado hasta ahora cómo es que ha fiscalizado ese procedimiento, si es que lo ha hecho. Nosotros venimos pidiendo desde el año pasado por escrito al EPRE esta información y no hemos recibido respuesta alguna.
El segundo punto tienen que ver con una sigla que aparece en todo el expediente que se ha formado y que ya tiene 12 cuerpos. Esa sigla se llama VAD y representa el Valor Agregado de Distribución de la Energía Eléctrica. En virtud de esto, las empresas distribuidoras vienen reclamando una actualización del VAD porque a partir de que caduque este programa de Convergencia Tarifaria, ellos van a tener que pagarle a los productores de la energía una actualización en el valor de su producto que implicaría un aumento que supera el 100% de lo que pagamos actualmente, declaró.
Un punto central que necesita ser explicado
A esto nosotros respondemos claramente, pidiendo a las distribuidoras que empiecen a organizarse porque sabemos a ciencia cierta que ninguna de las distribuidoras ha mostrado su balance de costos para poder justificar cualquier aumento de tarifas. Aquí hay un punto que es necesario que el público y los consumidores conozcan y es que todas las distribuidoras han ido tercerizando año a año todas las prestaciones de los servicios anexos, como son la atención telefónica de los usuarios o las prestaciones de determinadas reparaciones que se hacen en la red. Esto es una queja permanente que hacemos en el EPRE, porque antes se consideraba como un servicio integral la distribución de energía incluyendo todos los elementos que hacen a la prestación del servicio, pero últimamente las empresas tienen tercerizados todos los servicios anexos a la distribución y entonces lo que queremos saber es si ese ajuste de entre el 70 y el 100% que nos pretenden aplicar a los usuarios está considerado sobre la base de los costos de las distribuidoras o está considerado sobre la base del proceso inflacionario y otros factores que generan esta ola que nos está llevando a creer que es inevitable el ajuste de la tarifa, sentenció.
Lo que vamos a exigir es que esgriman argumentos mucho más sólidos de los que vienen usando en los medios de comunicación, porque están hablando de una ola de ajuste tarifario y acá no hay ninguna ola. Lo que hay es un gran lobby de las empresas tendiente a obtener actualizaciones para sus montos tarifarios y así obtener mayores ganancias. En este sentido, podemos decir que el EPRE no está cuidando los intereses de los consumidores y eso lo vamos a plantear este jueves en una reunión que habrá en el Consejo Consultivo de la entidad, donde vamos a presentar un escrito en el que puntualizamos cada uno de estos temas.
Si al momento de la audiencia pública del 30 de setiembre este consejo pretende avalar los 12 cuerpos de ese expediente que se está formando sobre la base de alguna formulación propuesta por algún contador con alguna firma, nosotros no vamos a prestar nuestro consentimiento como usuarios y no vamos a avalar ninguna propuesta que se formule en ese sentido y vamos a pedir la nulidad de cualquier aumento, declaró.
Ramón también explicó que esto no quiere decir que sevaya a aceptar el cuestionamiento automáticamente, pero al mismo tiempo advirtió que muchos de los señores que se sientan en estos escritorios con salarios que pagamos los contribuyentes tienen que saber que cuando toman decisiones a favor de las empresas y en contra de los usuarios, puede que esas decisiones sean legales, pero además deben ser legítimas y este es un punto con el que incluso muchos jueces no quieren meterse. Para que una decisión sea legítima, el funcionario que la toma debe tener en cuenta no sólo la formalidad requerida para legalizarla si no además, resguardar los intereses económicos de los contribuyentes, como manda nuestra Constitución y si es que pretenden que estas decisiones sean respetadas por nosotros como ciudadanos y usuarios.
Si estas decisiones no tienen esa legitimidad, los ciudadanos y los usuarios tendremos el derecho de reclamarla todas las veces que sean necesarias para corregir estas anormalidades, incluso cuando llegue el momento de meter el voto en las urnas, concluyó.