La medida se da en el marco de una investigación por los bloqueos de rutas que duraron semanas. También enfrenta otra causa por trata de personas.
Evo Morales buscará la presidencia de Bolivia en el 2025.
La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por los bloqueos de rutas que se extendieron durante semanas y provocaron graves consecuencias en el país. La medida judicial incluye acusaciones por terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a la protesta social.
La orden fue emitida por un fiscal de la unidad especializada en delitos de corrupción, tras una denuncia impulsada por sectores cívicos de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno. La causa apunta a establecer responsabilidades por los 53 días de cortes que afectaron la circulación y el abastecimiento en distintas regiones.
El exmandatario es investigado por una serie de delitos, entre ellos:
La investigación también alcanza a otros dirigentes, como el titular de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el líder campesino Vicente Salazar, este último con detención preventiva en otra causa vinculada a los mismos hechos.
Las protestas, que se desarrollaron entre mayo y junio, incluyeron cortes de rutas en distintos puntos del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con los datos oficiales, los bloqueos provocaron:
Ante esta situación, el Gobierno decretó el estado de excepción y desplegó fuerzas de seguridad para liberar las rutas y restablecer la circulación.
Tras conocerse la orden de captura, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su postura política. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, expresó el exmandatario, quien sostiene que las movilizaciones no buscaban desestabilizar al Gobierno, sino reclamar respuestas a demandas sociales.
Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde es resguardado por seguidores que impiden su detención.
Esta nueva orden de captura se suma a otra causa en su contra por presunta trata agravada de personas, vinculada a una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato.
En ese expediente, la Justicia ya lo declaró en rebeldía por no presentarse a una audiencia, y las autoridades aseguran que esperan el momento adecuado para ejecutar su detención.
