Los abogados de Fecovita lograron postergar la imputación prevista para hoy a los directivos de la Federación por el delito de estafa contra IBERTE.
El equipo de abogados de los directivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas ( Fecovita ) lograron frenar, al menos por unos días, la imputación por el delito de estafa con la empresa IBERTE de la que los iba a notificar Fiscalía N°7 de Delitos Económicos esta mañana.
Los letrados apelaron a una maniobra similar a la que intentó la legisladora suspendida en sus funciones y Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz, la cual fue, posteriormente, declarada improcedente por la Corte Suprema de Mendoza.
Roberto y Alvarado Lavado, junto con Fernando Juri, abogados de los dirigentes cooperativos, lograron que la Fiscalía decidiera enviar la imputación del Fiscal Juan Tichelli al Juzgado de Garantías. Dicha imputación promovía cargos contra Eduardo Sancho (ex presidente de Fecovita), Rubén Panella (actual presidente), Juan Rodríguez (contador de la Federación) y Jorge David Irañeta, todos acusados por el delito de estafa contra IBERTE.
La defensa de Fecovita cuestionó en su escrito la imputación, que permitiría abrir la investigación formal del caso, calificándola de “completamente arbitraria, ilógica y contradictoria”. Los abogados defensores aseguran que la decisión del fiscal es “arbitraria, porque se basa en afirmaciones sin sustento en las pruebas de la causa”. Además, argumentan que la Fiscalía ignoró los resultados de pericias contables que demuestran que no hubo dolo alguno por parte de los investigados, por lo que no se puede justificar la imputación por el delito de estafa.
El avoque del fiscal Iturbide, de 15 páginas, mediante el cual Tichelli iba a imputar a los dirigentes cooperativos, detalla que, bajo una supuesta fachada de colaboración empresarial, los dirigentes habrían inducido a IBERTE a invertir más de $3.139 millones en un proyecto conjunto, del cual se habrían apropiado de manera irregular.
Según el Artículo 172 del Código Penal, la estafa se define como el acto de defraudar a otro mediante engaños o abuso de confianza, y puede conllevar una pena de hasta seis años de prisión. La Fiscalía sostiene que los directivos de Fecovita utilizaron la figura de una sociedad, EVISA, para presentar un proyecto en el que IBERTE, confiando en los compromisos de sus socios, realizó una inversión significativa.
Fecovita e IBERTE, socias en la compañía EVISA (creada para exportar vino y mosto a Europa), terminaron en un complejo conflicto judicial. El fiscal Iturbide afirma que Fecovita habría usado EVISA como pantalla para atraer capital de IBERTE mediante promesas de aportes en bienes y terrenos, incluyendo la Bodega Resero de San Juan. Estos compromisos, según el fiscal, luego no fueron cumplidos. La Fiscalía acusa a los directivos de redirigir los fondos hacia cuentas de la Federación, dejando la sociedad descapitalizada y al borde de la insolvencia.
Desde Fecovita aseguran que la retirada de la Bodega Resero de la sociedad EVISA fue de común acuerdo entre las partes, y sostienen que no puede haber engaño ni estafa cuando ambas partes consensuaron la salida de Resero y el abandono de Fecovita de la sociedad. Por ello, afirman que la Federación de Cooperativas no engañó a nadie.
Desde IBERTE, a través del estudio de Carlos Aguinaga, quien patrocina a los denunciantes, recusó la decisión del fiscal y mediante un escrito presentado este mediodía advirtió que la oposición presentada por los directivos de Fecovita debe presentarse después de la imputación y no antes y agrega que "la oposición al Avoque no se encuentra comprendida en los supuestos que la ley contempla como oponibles. En consecuencia, no corresponde la celebración de audiencia oral alguna, dado que no se trata de un caso en el que proceda presentar oposición".
El escrito presentado por IBERTE además señala qué "Panella, Sancho, Rodríguez e Irañeta tienen intereses contrapuestos a Fecovita, no obstante, la utilizan para esconderse de sus delitos y evitar sus responsabilidades".
En horas próximas, la Justicia de Mendoza deberá dar su dictamen, por lo menos, en esta parte de la investigación que tiene en vilo a la vitivinicultura argentina.