El presupuesto de las universidades cayó hasta 45,6% y los salarios docentes perdieron 34%. La ley votada sigue sin aplicarse y profundiza el ajuste.
Universidad y financiamiento: el ajuste llega al 45,6% y los salarios siguen bajo presión
Foto: Cristian LozanoHace más de seis meses que la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, votada por el Congreso Nacional en reiteradas oportunidades, permanece sin aplicarse por el gobierno de Javier Milei y la universidad argentina atraviesa uno de sus peores momentos económicos.
La ley fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre e insistida por el Congreso el 2 de octubre. Sin embargo, ese mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación, alegando que la norma no especificaba el origen de los fondos necesarios para financiarla. La contradicción es evidente: la propia ley autoriza al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó al Estado Nacional cumplir con la norma. La respuesta del Gobierno fue enviar, el 18 de febrero de 2026, un proyecto de ley al Congreso para modificarla. Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza en detalle qué diferencia a ambas propuestas y cuáles serían sus consecuencias presupuestarias y salariales concretas.
El presupuesto nacional para las Universidades Nacionales registró entre 2023 y 2025 una caída real del 28,7%. Proyectado sobre el presupuesto vigente para 2026, medido en pesos constantes y con inflación estimada según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, el recorte acumulado puede ascender al 45,6% respecto de 2023.
De haberse aplicado la ley sancionada por el Congreso, el presupuesto universitario habría alcanzado en diciembre de 2025 los 8,63 billones de pesos a valores de 2026, lo que habría implicado un crecimiento real del 35,1% frente a 2025 y lo habría dejado apenas un 3,6% por debajo del nivel de 2023. En cambio, el nuevo proyecto oficialista incrementaría el presupuesto vigente en apenas un 12,4%, llevándolo a 5,48 billones. Aun con ese aumento nominal, el resultado sería una caída real del 14,2% respecto de 2025 y del 38,8% en comparación con 2023. La brecha entre ambas propuestas es del 36,5%.
El componente más relevante del presupuesto universitario es el salarial: los salarios representaron en promedio el 86,9% del gasto total, mientras que los gastos de funcionamiento explicaron el 13,1% restante. Entre 2023 y 2026, el ajuste recayó principalmente sobre las remuneraciones del personal docente y no docente, con una reducción real del 43,2%.
Los gastos de funcionamiento sufrieron un recorte aún más pronunciado en términos relativos: 57,1% en el mismo período. Ese deterioro se explica, en buena medida, por la virtual desaparición de partidas vinculadas a programas de desarrollo universitario y actividades científico-técnicas. Entre 2023 y 2026, el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional cayó un 89,7%; el Desarrollo de Proyectos Especiales, un 91,6%; la Promoción de Carreras Estratégicas y el Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades, un 77,4% y un 77,1% respectivamente.
La situación salarial del personal universitario atraviesa una gravedad que crece mes tras mes. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, el salario real de docentes y no docentes acumuló una pérdida del 34%. La mayor parte de ese deterioro se concentró en los primeros meses de la gestión: entre diciembre de 2023 y julio de 2024, la inflación acumuló 134,6% mientras los salarios apenas aumentaron 80,4%, lo que implicó una caída real del 23,1% en solo siete meses.
En enero de 2026, la Canasta Básica Total para un Hogar Tipo 2 se ubicó en 1.360.299 pesos. Al comparar ese umbral con los salarios básicos brutos sin antigüedad del personal universitario, el panorama es elocuente: entre los docentes, solo los titulares con dedicación exclusiva superan la línea de pobreza por apenas 95.792 pesos. La totalidad de los cargos con dedicación simple se ubica, además, por debajo de la línea de indigencia, fijada en 623.990 pesos ese mismo mes.
La ley sancionada por el Congreso proponía convocar a una paritaria nacional para recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, lo que implicaba un incremento del 44%. Aplicado sobre los salarios de noviembre de 2025, ese ajuste habría dejado el salario real apenas un 1,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
El proyecto oficial, en cambio, propone tres aumentos trimestrales no acumulativos del 4,1% sobre el salario básico de diciembre de 2025, totalizando un 12,3% en el año. El problema es doble: ignora la caída del 24,4% acumulada durante 2024 y resulta insuficiente frente a la inflación proyectada para 2026, que según el REM alcanzaría el 20,3% hacia septiembre. En consecuencia, el salario real continuaría deteriorándose: para ese mes, la pérdida adicional respecto de diciembre de 2025 sería del 3,4%.
Un caso ilustrativo es el de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad. En noviembre de 2015, ese cargo percibía el equivalente a 1.154.094 pesos a valores de septiembre de 2026. En enero de 2026, ese mismo salario se ubicaba en 570.470 pesos, una reducción real del 50,6%. Con la ley del Congreso, habría alcanzado los 852.229 pesos, recortando la pérdida al 26,2%. Con el proyecto del Gobierno, la proyección para septiembre de 2026 es de 547.748 pesos: una caída del 52,5% respecto de una década atrás.
El contraste entre ambas propuestas no es solo cuantitativo. La ley sancionada por el Congreso parte del reconocimiento de una pérdida acumulada y propone mecanismos para recomponerla. El proyecto oficial, en cambio, toma como base el presupuesto ya ajustado de 2025 y aplica incrementos que, en términos reales y frente a la inflación esperada, consolidan ese recorte en lugar de revertirlo.