El costo del servicio

Tarifa de agua: Aysam pidió en audiencia pública 58,3% en noviembre

Con ese ajuste, la tarifa de agua acumulará alrededor de 100% en el año. Cuánto impactará en las facturas y cuál es el déficit de Aysam.

Finalmente, Aguas Mendocinas (Aysam) terminó de formalizar en audiencia pública su pretensión de un próximo aumento de la tarifa de agua y saneamiento en Mendoza. Es un 58,31% desde el 1 de noviembre, aunque dependerá de la decisión del gobernador Suárez el cómo, es decir, si será de una vez o en "cómodas" cuotas o tramos.

Aunque dependerá de esa medida, la empresa concesionaria del servicio podría cerrar el 2022 con un ajuste tarifario acumulado cercano al 100%. Esto, si se tiene en cuenta que el decreto anterior del Suárez había habilitado un 30% desde enero y otro 15% a partir de mayo.

Con el nuevo porcentaje, la factura promedio por agua y cloacas pasará de $1600 bimestrales a unos $2.500. Y según el presidente de Aysam, Alejandro Gallego, "como en los últimos tres años, la tarifa servirá para financiar todos los gastos operativos, ya que las inversiones se solventan con presupuesto provincial o nacional".

Para defender el ajuste pretendido, Gallego se apoyó en una inflación que superará el 90% a fin de año. Y que se proyecta en 60% para 2023, "e impactará en los insumos y combustible, entre todo lo necesario para prestar el servicio".

Fue durante la primera de las dos audiencias públicas para discutir tarifa esta semana. La segunda será mañana jueves, en el mismo lugar y horario: el espacio cultural Julio Le Parc, donde desde las 9,30 el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico) expondrá los números de otro ajuste de la tarifa eléctrica.

Será el turno del nuevo ajuste semestral del VAD (Valor Agregado de Distribución) que perciben las distribuidoras. De acuerdo al pedido de las empresas, del orden del 25%,De acuerdo al pedido de las empresas, del orden del 25% que en las facturas significará un 8% más.

Inversiones

Volviendo al servicio de agua potable, ei bien el titular de Aysam insistió en que actualmente se ejecuta un presupuesto de u$d 150 millones, reconoció "la necesidad de generar más inversiones".

De hecho, durante la audiencia se expuso el estado crítico de las redes de agua potable y también las colectoras. De hecho, sobre 5.355 kilómetros de distribución un 42% se encuentra en estado "regular o malo", mientras que de 3.642 kms de redes de cloacas un 37% lo está.

Al respecto, el funcionario adelantó que el presupuesto 2023 de la Provincia incluirá "un apoyo muy importante a obras de agua y saneamiento, al igual que esperamos también el nacional, que ya se presentó".

"Estamos avanzando todo lo que queremos? No, en realidad queremos más fondos, pero si comparamos la actual con la inversión del pasado es grande, y ya en este verano se va a notar, porque esperamos tener menos problemas. Vamos a trabajar con más inspectores para concientizar a la gente que use el agua que corresponde", se explayó.

Por lo pronto, de acuerdo a lo expuesto en la audiencia pública, el plan de Aysam, pese a arrastrar un déficit superior a los $1.500 millones, es instalar 119,3 kilómetros de cañerías. De concretarse, será un 172% más que lo ejecutado en 2019, antes de la pandemia, y el doble de la extensión realizada este año.

Críticas y testimonios de vida

Del lado de las ONG que representan a los usuarios las críticas no se hicieron esperar. Mayormente en disidencia por considerar excesivo el porcentaje, además de centrarse en lo deficitario de las prestaciones.

"No podemos acompañar este aumento. Sobre todo partiendo de la base de ¿cuál es el índice o parámetro para medir la eficiencia?. Con una red destruída, indefectiblemente se pierde el recurso y el gasto en potabilización", enfatizó Romina Ríos, de Protectora, ejemplificándolo en la tercerización de servicios por parte de Aysam.

Sin embargo, Ríos también se enfocó también en que "el costo del sevicios empuja a muchos usuarios a sobreendeudarse para pagar las facturas". Por eso, pidió que "el incremento sea en tramos, teniendo en cuenta que muchos deberán afrontar subas de alquileres entre otros costos".

A su turno, Francisco Cartello, por el CEC (Centro Empleados de Comercio), luego de solicitar que se permita una mayor participación dentro del Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), hizo hincapié en la preocupación por la "pobreza energética" que representa la imposibilidad del pago regular de servicios para mucha gente".

Por su parte, Victor Da Vila, ex diputado provincial y representante del FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) se sumó al rechazo. "Será casi 100% más en un año. La empresa debe garantizar la prestación de un servicio que es esencial para la vida de los mendocinos", resaltó.

En ese sentido, la audiencia pública realizada en el Espacio cultural Julio Le Parc tuvo como particularidad la participación de un grupo de vecinas del barrio Nova Terra, de El Algarrobal. Un conglomerado de 200 familias que no cuentan con suministro regular de agua potable y dependen de entregas semanales que hace el municipio de Las Heras, como operador del servicio, en camiones cisterna.

"En el mejor de los casos, cada familia recibe mil litros por semana cada martes. ¿Qué hacemos los que tenemos varios niños?. A mi quisieron cobrarme $1000 por un tacho, mientras que hay vecinos con conexiones clandestinas y la municipalidad lo sabe", reclamaba, al borde del llanto, Sara (30) junto a su hijo en la puerta del auditorio donde se realizó la audiencia.

"Ustedes se bañan y toman agua todos los días. Nostros no!", gritó a viva voz, a su lado, otra vecina del barrio.

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