El IERAL analizó la baja de retenciones anunciada por Javier Milei y advirtió que el alivio fiscal al agro exigirá sostener el equilibrio fiscal.
Las agroexportaciones recibiran una nueva baja de retenciones
El presidente Javier Milei, en su última visita a la Bolsa de Cereales anunció una nueva reducción a las retenciones sobre productos agropecuarios, con vigencia escalonada según el cultivo: desde junio de 2026 para cereales y desde enero de 2027 para la soja.
Milei aseguró que en trigo y cebada, la alícuota descenderá de 7,5% a 5,5%. En soja, el esquema contempla una reducción mensual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales mensuales (el ritmo exacto aún no fue confirmado oficialmente) hasta 2028 en “caso de reelegir”, aclaró.
La medida apunta al corazón del principal complejo exportador argentino y representa, según los analistas del IERAL de la Fundación Mediterránea en un reciente informe, un avance en la dirección correcta. Según el informe, los derechos de exportación constituyen el impuesto más distorsivo que enfrenta el sector, al gravar directamente la producción con independencia de la rentabilidad. No obstante, precisan, no son la única carga tributaria relevante: el agro también soporta impuestos nacionales, provinciales y municipales que inciden sobre sus costos, márgenes e incentivos de inversión.
Desde el punto de vista microeconómico, la reducción mejora los precios netos que perciben los productores y fortalece la capacidad de pago del sector exportador. En cereales, el impacto es particularmente significativo porque las decisiones de siembra, tecnología y comercialización (asegura el trabajo) han demostrado históricamente una alta sensibilidad a los cambios en los márgenes esperados.
Para la campaña 2025/2026, el efecto será acotado: la medida alcanzará principalmente a los saldos que aún no fijaron precio y que serán exportados bajo el nuevo esquema. En cambio, para la campaña siguiente (cuyas decisiones productivas y comerciales se están tomando en estas semanas) el impacto podría ser más sustantivo, ya que operará sobre un volumen mucho mayor de producción.
En soja, según el anuncio presidencial, la reducción comenzará en enero de 2027, lo que implica un efecto más gradual. Aun así, la señal tiene peso: se trata del principal complejo exportador del país y del rubro donde la carga de retenciones sigue siendo más elevada. Incluso en el escenario más ambicioso, la alícuota podría descender desde los niveles actuales hasta un rango de entre 18,5% y 21,25% al cierre del mandato. Se trata de una mejora real, aunque la carga final continuará siendo alta, afirma la Fundación de fuerte raigambre en el corazón productivo sojero de la Argentina.
Las estimaciones preliminares del IERAL indican que el impacto sobre las cuentas públicas es significativo pero no desestabilizador. En cereales, el costo fiscal para 2026 no superaría los 30 millones de dólares, dado que la medida alcanza solo los remanentes del ciclo en curso. Para 2027, cuando la reducción opere sobre una campaña completa, la menor recaudación ascendería a aproximadamente 90 millones de dólares.
En soja, el costo dependerá del ritmo de reducción adoptado. Si la baja mensual es de 0,25 puntos porcentuales, el impacto fiscal rondaría los 300 millones de dólares en 2027; si fuera de 0,5 puntos, podría acercarse a 600 millones. En conjunto, la menor recaudación directa para ese año se ubicaría en un rango de entre 390 y 690 millones de dólares, equivalente a entre 0,06% y 0,10% del Producto Interno Bruto proyectado, según el IERAL.
Parte de esa pérdida podría compensarse con mayor actividad económica, inversión y recaudación de otros tributos, en particular Ganancias, que se coparticipa con las provincias.
Sin embargo, los analistas advierten que esa compensación dinámica no debe asumirse como automática ni inmediata: dependerá de las condiciones climáticas, los precios internacionales y, sobre todo, de la credibilidad del programa económico en su conjunto.
La experiencia reciente ofrece un punto de referencia. Durante la gestión de Mauricio Macri, los derechos de exportación sobre el trigo fueron eliminados al inicio del mandato, lo que constituyó una señal de mayor profundidad inicial. Sin embargo, hacia el final del período, las restricciones fiscales y financieras forzaron una reversión parcial de esas bajas, erosionando la credibilidad de la política.
El trabajo destaca que el actual gobierno optó por una trayectoria diferente: más gradual en la profundidad, pero potencialmente más sostenible en el tiempo. Si el sendero anunciado se mantiene, la alícuota sobre el trigo concluiría el mandato en un nivel inferior al vigente al cierre de 2019. En soja, el punto de llegada también sería más bajo que el observado al final de aquel período, aunque la carga seguirá siendo considerablemente elevada.
La lección central de esa experiencia es que la dificultad no reside solo en reducir las retenciones, sino en sostener esa reducción frente a las presiones del ciclo político y fiscal. Cuando el programa de ingresos públicos se debilita, los derechos de exportación tienden a reaparecer como instrumento de recaudación de emergencia. En ese sentido, el valor de la medida actual dependerá menos del anuncio puntual que de su capacidad para consolidarse como una trayectoria previsible y consistente con el equilibrio de las cuentas públicas.
Según la Fundación Mediterránea, la reducción de retenciones también abre una oportunidad para articular una política tributaria más amplia con las provincias. Una estrategia coherente debería incluir la reducción gradual de tributos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos, que también inciden sobre la competitividad del sector y que, en muchos casos, duplican las distorsiones que los derechos de exportación generan en el nivel nacional.
Para el IERAL, la baja anunciada es una medida económicamente bien orientada: mejora los precios netos que recibe el productor, reduce parcialmente el impuesto más distorsivo del sistema y fortalece los incentivos en cadenas donde Argentina posee ventajas comparativas genuinas.
Además, remarca que el costo fiscal es administrable, siempre que se preserve el equilibrio presupuestario y que la menor recaudación directa encuentre compensación en mayor actividad. Pero debe leerse como un avance dentro de un proceso que aún necesita consolidarse, no como una solución definitiva.