La eliminación transitoria de las retenciones dispuesta por el Gobierno nacional abrió un capítulo tan intenso como breve y escandaloso en la economía agropecuaria argentina.
21 de marzo de 2026
La denuncia contra Javier Milei, Luis Caputo y las cerealeras por las retenciones cero reaviva tensiones con el agro y abre un frente judicial y político.
La eliminación transitoria de las retenciones dispuesta por el Gobierno nacional abrió un capítulo tan intenso como breve y escandaloso en la economía agropecuaria argentina.
El decreto 682/25, que fijó retenciones en 0% para granos, oleaginosas y subproductos durante un período limitado, generó una reacción inmediata en el sector exportador: en apenas dos días hábiles se alcanzó el tope de 7.000 millones de dólares en ventas externas. Sin embargo, la ventaja quedó circunscripta a cinco grandes cerealeras que parecieron tener información privilegiada y dejó afuera a buena parte de los productores medianos y pequeños, lo que reavivó las tensiones históricas en torno a este tributo.
La medida abarcó a los complejos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, así como a sus derivados industriales: harinas, aceites, biodiesel y malta. El caso de la soja resultó particularmente significativo, ya que desde marzo de 2002 no se había eximido a sus subproductos del pago de retenciones. Para los cereales y el girasol, en cambio, existían antecedentes de un régimen similar entre 2015 y 2018.
La disposición apuntaba a regir hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar la meta de 7.000 millones de dólares en exportaciones, lo que ocurriera primero. Ese límite se alcanzó con una rapidez inusitada (apenas 36 horas), gracias a operaciones masivas de las principales cerealeras.
De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la campaña 2024/25 proyecta exportaciones por 93,4 millones de toneladas, de las cuales 76,8 millones ya habían sido comprometidas al 25 de septiembre. El remanente por colocar equivale a unos 4.933 millones de dólares, con fuerte predominio del complejo sojero (65% del total), seguido por el maíz (26%). El trigo, en cambio, ya alcanzó el volumen estimado de exportación para el ciclo en curso.
En el mercado interno, la producción de trigo, maíz y soja ascendió a 119,6 millones de toneladas, de las cuales 12 millones se destinarán al consumo doméstico. Restan comercializarse 35,1 millones de toneladas, cuyo valor teórico, calculado al precio de la Cámara Arbitral de Rosario, supera los 8.900 millones de dólares.
La ventana de apenas 72 horas desde el anuncio de la exención hasta que se completó el cupo generó malestar en amplios sectores del agro. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, sostuvo que “muchos productores quedaron afuera” y reclamó que la medida se extienda hasta la fecha prevista inicialmente. En la misma línea, desde Coninagro señalaron que la iniciativa dejó “una sensación amarga”, al no beneficiar al primer eslabón de la cadena.
El argumento central de las entidades es que los grandes exportadores capturaron buena parte del beneficio, mientras que los productores medianos y pequeños no alcanzaron a aprovecharlo. Por ello, reclaman que la eliminación de retenciones se transforme en una política de Estado permanente, capaz de brindar previsibilidad y horizonte a la producción primaria.
El episodio no solo dejó secuelas económicas. Una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acusó de administración fraudulenta al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Economía Luis Caputo y al secretario de Agricultura Sergio Iraeta, junto con las principales exportadoras de granos. La investigación apunta a determinar las responsabilidades en la instrumentación de la medida y en la liquidación récord que se registró entre el 22 y el 24 de septiembre.
Mientras tanto, el sector agroexportador completaba la liquidación de los montos comprometidos, que se traducen en una pérdida de recaudación para el Estado de una cifra cercana a los 2.000 millones de dólares, mientras que los grandes agroexportadores, al fin del proceso, podrían embolsar una ganancia extra cercana a los 3.500 millones de dólares.
El Gobierno defendió la decisión al sostener que la eliminación temporal de retenciones contribuyó a estabilizar el mercado cambiario, luego de semanas de fuerte presión sobre el dólar. El anuncio coincidió con el viaje de Milei y Caputo a Estados Unidos, donde el país del norte prometió un swap por 20.000 millones de dólares con el Tesoro norteamericano. Sin embargo, desde Washington también llegaron advertencias respecto de la sostenibilidad de exenciones impositivas a los cereales argentinos, ya que perjudicaban a los farmers americanos.
El affaire retenciones cero puso en evidencia el vínculo entre el Ejecutivo y los exportadores, dándole la espalda a los productores, que son (o eran) un importante sustento político del Gobierno libertario. Si bien la medida permitió una entrada acelerada de divisas y contribuyó a descomprimir el frente cambiario, dejó a la vista los problemas estructurales de la política económica y agropecuaria argentina: la falta de previsibilidad, la puja por la distribución del ingreso y la tensión permanente entre el Gobierno y el campo.
Para los productores, el alivio no existió. Para el Ejecutivo, un recurso extraordinario en busca de dólares frescos. Entre ambos, vuelve a instalarse el debate sobre la necesidad de una reforma de fondo que defina, de manera estable y consensuada, el futuro de las retenciones.