Reforma tributaria: estiman que bajar los impuestos distorsivos demandará al menos 11 años
Un informe del IERAL estima que eliminar los impuestos más distorsivos requerirá entre 11 y 20 años si solo se financia con crecimiento y disciplina fiscal.
Eleminar impuestos distorsivos sin afectar la recaudación llevaría más de una década
Hay un diagnóstico que casi nadie discute en la Argentina: la cantidad y calidad de impuestos le quita competitividad a la producción y desalienta la inversión. Derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales que gravan las ventas concentran el rechazo de productores, empresarios y economistas por igual. Lo cierto es que ese consenso sobre el diagnóstico no se traduce en un camino sencillo hacia la solución, porque esos mismos tributos aportan más de siete puntos del Producto Bruto Interno en recaudación y sostienen el financiamiento de Nación, provincias y municipios.
El análisis pertenece a un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, firmado por su presidente, Osvaldo Giordano, que proyecta distintos escenarios de reducción de la carga tributaria en función de supuestos de crecimiento económico y disciplina en el gasto.
A ese condicionante, largamente debatido por los economistas y los sectores empresariales, se suma un segundo que destaca el informe desde su visión, que es que ningún ordenamiento tributario puede hacerse a costa del equilibrio fiscal. Giordano destaca que, después de años de desorden macroeconómico, otorgar alivios impositivos sin financiamiento genuino sería tan contraproducente como el problema que se busca resolver. La solvencia fiscal es, también, condición para crecer de manera sostenida.
De la combinación de ambas premisas surgió la idea que hoy prevalece en buena parte del debate público: bajar primero el gasto para, con ese ahorro, financiar después la eliminación de los impuestos más nocivos. Un gradualismo tributario que reúne adhesiones de sectores muy diversos, pero que choca con una realidad incómoda que hasta el propio ministro Luis Caputo admitió: el margen para seguir recortando gasto es cada vez más estrecho.
Un ajuste que ya dio lo que podía dar
El trabajo refuerza el concepto de que el gasto público se redujo de manera sustancial respecto de los niveles de 2023. El esfuerzo fue inédito y, sin embargo, apenas resultó suficiente para alcanzar un equilibrio fiscal muy ajustado. No es que se haya hecho poco: el desequilibrio heredado era de una magnitud tal que sus secuelas se prolongan en el tiempo. Pero también se pregunta: ¿Puede repetirse un ajuste de esa escala? Y se responde que todo indica que no. Las futuras reducciones del gasto serán, en el mejor de los casos, moderadas.
El componente que más condiciona esa perspectiva es el gasto previsional, que ocupa una porción central del presupuesto nacional y del de trece provincias. Mientras la reforma previsional siga postergada, contener el crecimiento del gasto total por debajo de la inflación exigirá un esfuerzo de austeridad cada vez más difícil de sostener.
Queda entonces la otra vía: que el propio crecimiento económico amplíe la base imponible, incremente la recaudación total y, con el gasto estabilizado, vaya abriendo espacio para bajar impuestos sin poner en riesgo las cuentas públicas. La pregunta que cabe hacerse es cuán larga resulta esa transición.
Once años, en el mejor de los casos
La simulación permite aproximar una respuesta. En el escenario optimista de un crecimiento real sostenido del 3,3 % anual (un ritmo que la Argentina nunca sostuvo en su historia reciente, en parte por la existencia de los mismos impuestos distorsivos que se busca eliminar), la Nación necesitaría once años consecutivos de expansión para compensar la pérdida de recursos que implicaría suprimir retenciones e impuesto al cheque. Si se prioriza el campo, los productores agropecuarios deberían esperar casi cuatro años para ver eliminadas las retenciones, mientras que despejar de impuestos a las transferencias bancarias demandaría siete años adicionales.
Mendoza, en mitad de tabla
El panorama provincial es más disperso y, en general, más exigente. Suponiendo que cada provincia congele su gasto y destine todo el incremento de la coparticipación derivado del crecimiento a compensar la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, los plazos en las jurisdicciones más grandes superan ampliamente la década: 19,5 años en la provincia de Buenos Aires, 15,6 en Córdoba, 14 en Santa Fe y 14,1 en la provincia de Mendoza.
Mendoza queda en mitad de tabla en los años que necesita para eliminar impuestos
Mendoza queda así en una posición intermedia. Necesita alrededor de tres años más que la Nación para completar el proceso (cuyo plazo de once años responde a una composición distinta, concentrada en el impuesto al cheque y las retenciones), pero bastante menos que la provincia de Buenos Aires, donde el peso de Ingresos Brutos estira la espera hasta cinco años y medio por encima del promedio cuyano. La diferencia con Córdoba, en cambio, es marginal: apenas un año y medio. Mendoza y Santa Fe, con guarismos casi idénticos, terminan siendo las provincias grandes menos alejadas del sendero nacional.
Austeridad, sí, pero no alcanza
Las proyecciones del IERAL no cuestionan la conveniencia de sostener y profundizar la prudencia fiscal. El mensaje parece ser que ni siquiera con ese esfuerzo alcanza para eliminar, en plazos razonables, los impuestos que más dañan la competitividad. El informe destaca un viejo reclamo de la Fundación Mediterránea: a la austeridad en el gasto hace falta sumarle audacia en la reforma tributaria, porque mejorar la recaudación de los buenos impuestos permitiría avanzar más rápido en la eliminación de los malos.
El caso de los tributos que gravan las ventas resulta el más ilustrativo. Por un mismo hecho imponible, el contribuyente argentino paga tres veces: IVA, Ingresos Brutos y tasa municipal. El informe apoya una idea que ronda en el Gobierno: avanzar hacia un esquema de "Súper IVA" permitiría recaudar lo mismo con un impuesto más neutral, transparente y fácil de fiscalizar, a la vez que reduciría la evasión. Bajo esa misma lógica podrían eliminarse con rapidez los derechos de exportación, sin pérdida de ingresos, mejorando la recaudación de Ganancias y de Bienes Personales.
El paper de Giordano remarca que una reforma de estas características exige acuerdos políticos complejos y un trabajo técnico exigente. Pero es también la manera de no repetir el fracaso del Consenso Fiscal de 2017, cuyo problema no fue la falta de voluntad política sino un diseño atado a la lógica del gradualismo. Apostar a que el crecimiento económico compense por sí solo la baja de impuestos es, como demostró aquella experiencia, una apuesta de alto riesgo.
