El trabajo en Argentina muestra un deterioro estructural: crece la desprotección laboral, se extienden las jornadas y caen los ingresos reales.
Mientras el gobierno parece tener todo listo para concretar esta semana su ansiada reforma laboral, la fotografía del mercado del trabajo argentino a febrero de este año devuelve una imagen de fragilidad estructural que parece consolidarse como el nuevo paradigma económico.
Según el último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), el país ha cruzado un umbral histórico: la cantidad de personas que se desempeñan en situación de “desprotección laboral” ha superado, por primera vez, la barrera de los seis millones.
Este indicador, que rastrea la calidad del empleo a través de variables como la inexistencia de capital propio, el tamaño de la firma y la estabilidad de las tareas, señala que el deterioro no es estadístico y afecta el tejido central de la clase trabajadora.
Al comparar el tercer trimestre de 2025 con el mismo período de 2024, se registran 357.000 nuevos puestos desprotegidos. La precariedad laboral ha dejado de ser la excepción para casi ser la norma.
Quizás el dato más revelador sobre la estrategia de supervivencia de los hogares argentinos sea la extensión de la jornada laboral. El informe del IAG destaca un fenómeno que ilustra la pérdida de poder adquisitivo: la cantidad de horas semanales trabajadas ha aumentado en 3,5 horas promedio respecto al año anterior, lo que representa un incremento del 9%.
Nunca en la serie histórica reciente la jornada semanal había sido tan extensa en un tercer trimestre. Este aumento no responde a una demanda de producción expansiva, sino a una necesidad imperiosa de los trabajadores de sumar ingresos en un contexto de salarios deprimidos y costos de vida en alza. Una estrategia que la nueva norma que discute el Congreso puede terminar al proponer el Banco de Horas para sustituir las horas extras. Un cambio que no solo puede afectar la economía familiar, sino la microeconomía del país, con más pérdida de consumo y paralización, ya que los datos oficiales revelan que lo que se paga por horas extras equivale al 18 por ciento de la masa salarial anual abonada por los empleadores.
El documento detalla que el incremento de horas trabajadas se da en un escenario donde los ingresos laborales tocan pisos históricos y el ingreso disponible se ve mermado por el drástico aumento de las tarifas de servicios públicos.
En definitiva, la materialización de una paradoja cruel: se trabaja más tiempo para ser, en términos reales, más pobre. Este incremento en la carga horaria ocurre, además, en la antesala de la implementación de la reforma que habilita jornadas de hasta 12 horas diarias y reduce las indemnizaciones, lo que augura una profundización de esta tendencia hacia la extenuación de la fuerza laboral.
El deterioro del empleo no es patrimonio de un sector ni de una región. El análisis territorial del IAG señala que la destrucción de puestos de trabajo es un fenómeno federal.
La recesión golpea con fuerza a la estructura productiva del interior del país. El informe precisa que 22 de las 24 jurisdicciones han sufrido pérdidas netas de empleo registrado. Si bien los números absolutos muestran a la Provincia de Buenos Aires como la más afectada, con una merma de más de 68.000 puestos, la crisis se extiende en las economías regionales.
Respecto a la situación en las provincias del oeste y la región de Cuyo, aunque el informe se centra en los agregados nacionales y los casos extremos como Santa Cruz o La Rioja, la tendencia generalizada de caída (que afecta al 91% de las jurisdicciones) permite inferir que provincias como Mendoza no son ajenas a esta dinámica contractiva. La caída de la actividad en rubros clave como la construcción (que perdió 66.000 puestos a nivel nacional) y la industria manufacturera (-60.400 puestos), sectores con fuerte incidencia en el tejido productivo provincial, sugiere un panorama complejo para la economía mendocina y sus vecinas, inmersas en un ciclo donde solo la minería y el petróleo muestran signos vitales, pero sin capacidad de traccionar el empleo masivo y completan la paradoja mostrando, también, pérdidas de puestos de trabajo registrados.
El aumento de trabajadores desprotegidos es liderado, dramáticamente, por los adultos mayores. En la franja etaria de 66 años o más, la desprotección laboral creció un 27%. Esto evidencia el deterioro de los haberes jubilatorios, obligando a miles de personas en edad de retiro a reingresar al mercado laboral en condiciones precarias para costear canastas básicas encarecidas por los precios de medicamentos y prepagas.
Paralelamente, la brecha salarial de género ha alcanzado un pico máximo. Por cada hora trabajada, los hombres ganan hoy un 9,4% más que las mujeres, una disparidad exacerbada por el ajuste en el sector público (salud y enseñanza), donde la fuerza laboral femenina es mayoritaria y donde los salarios han perdido más de un tercio de su poder de compra.