Aumenta la informalidad, se estanca el empleo formal y crecen los juicios laborales: el IERAL advierte sobre el deterioro del mercado laboral argentino.
En el primer trimestre de 2025, el mercado laboral argentino se presenta con una fotografía que, a simple vista, podría interpretarse como estable. Los indicadores tradicionales muestran una tasa de desocupación del 7,9% y una tasa de actividad del 48,2%, prácticamente idénticas a las registradas en el mismo período del año anterior.
Sin embargo, bajo la superficie de estos números, se despliegan transformaciones estructurales que revelan un mercado laboral tensionado y en proceso de deterioro, así lo revela un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, firmado por Laura Caullo, investigadora responsable del Área de Empleo y Política Social.
El análisis de la composición del empleo ofrece señales preocupantes. El crecimiento del empleo informal se ha acelerado: del 40,8% del total de ocupados en 2024, se pasó al 42% en 2025.
Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado se ha estancado en 6,2 millones de trabajadores. Este fenómeno refuerza la presencia de un mercado laboral dual, fragmentado y con oportunidades desiguales, donde el acceso a derechos y beneficios formales se restringe a una porción cada vez menor de la fuerza laboral.
La masa salarial acompaña este diagnóstico. El ingreso real de los trabajadores muestra un crecimiento muy limitado y aún no ha logrado recuperar los niveles previos al inicio de la actual gestión. Así, la aparente estabilidad de los indicadores globales esconde una dinámica regresiva en la calidad y en la distribución de los ingresos laborales, asegura el informe, contradiciendo de alguna manera las agresivas declaraciones del Presidente y sus colaboradores.
El análisis del IERAL destaca que la persistencia y expansión del empleo informal no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de un entramado normativo y judicial que desalienta la formalidad y promueve la litigiosidad. El sistema de regulaciones laborales vigente, en muchos casos obsoleto, impone costos elevados a la contratación formal. A esto se suma un sistema de justicia laboral que, lejos de ofrecer certidumbre, ha transformado el conflicto en una actividad lucrativa, tanto para trabajadores como para empleadores.
En este contexto, la informalidad y el trabajo autónomo emergen como estrategias de supervivencia. Trabajadores y empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se ven forzados a operar al margen de la legalidad para evitar los riesgos y costos asociados a la formalización.
La Fundación Mediterránea analiza que un capítulo central en la problemática laboral argentina lo constituye el sistema de riesgos del trabajo. Hacia mediados de la década pasada, el aumento exponencial de los juicios por accidentes y enfermedades laborales llevó al sistema a una situación límite. En respuesta, el Congreso Nacional sancionó en 2017 la Ley 27.348, que estableció un nuevo procedimiento: ante un desacuerdo entre el trabajador y la aseguradora, la primera instancia de resolución pasó a ser administrativa, a través de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Solo si el conflicto persistía, intervenía el Poder Judicial.
La reforma tuvo un impacto inmediato: las demandas judiciales cayeron un 36% entre marzo de 2017 y marzo de 2018. Sin embargo, la aplicación parcial de la norma y la falta de implementación de mecanismos clave diluyeron su eficacia con el paso del tiempo. A pesar de que la siniestralidad laboral mostró una tendencia decreciente, los juicios volvieron a incrementarse. En el primer trimestre de 2025 se notificaron 25.472 nuevos juicios laborales y, para marzo, se acumulaban 301.735 causas sin resolver en el sistema judicial. Proyecciones privadas estiman que el año finalizará con alrededor de 130.000 demandas iniciadas.
El núcleo del problema reside en el sistema pericial vigente en los tribunales provinciales. Los peritos médicos, actores clave en la determinación de incapacidades, perciben honorarios que aumentan proporcionalmente al porcentaje de incapacidad que dictaminan. Este esquema de incentivos perversos convierte casos de incapacidad mínima en litigios de alto costo cuando llegan a la instancia judicial, alimentando una industria del juicio que distorsiona el sistema de riesgos del trabajo y encarece la contratación formal.
La solución, según especialistas y actores del sector, no requiere una nueva reforma legislativa, sino la implementación cabal de la normativa vigente. El trabajo advierte que ocho años después de la sanción de la ley, aún no se han constituido cuerpos médicos forenses independientes e imparciales, como exige la norma. Asimismo, los honorarios periciales deberían basarse en el trabajo realizado y no en el resultado del dictamen, para eliminar los incentivos a la sobredimensión de incapacidades.
El costo de la litigiosidad trasciende las estadísticas judiciales y repercute en la estructura productiva del país, advierte la Mediterránea, y analiza que las empresas, especialmente las pymes, deben destinar recursos crecientes para protegerse de potenciales conflictos laborales. Esta incertidumbre sobre los costos de una eventual demanda desalienta la formalización y fomenta la contratación en condiciones de informalidad. En muchos casos, el riesgo de enfrentar un juicio laboral representa la diferencia entre contratar o no a un trabajador.
A este contexto se suman los costos laborales asociados a la litigiosidad, que erosionan la competitividad de la economía argentina, particularmente en un escenario de tipo de cambio real apreciado y apertura comercial. La combinación de estos factores limita la capacidad de expansión del empleo formal y condiciona el ritmo de recuperación de la actividad económica.
Finalmente, el trabajo asegura que el mercado laboral argentino enfrenta un desafío estructural que trasciende la coyuntura. Si bien los indicadores agregados ofrecen una imagen de estabilidad, la realidad es que la calidad del empleo se deteriora, la informalidad avanza y la litigiosidad distorsiona los incentivos para la creación de empleo formal.
La resolución de esta problemática exige la implementación efectiva de las normas vigentes, la revisión de los esquemas de incentivos en el sistema judicial y la construcción de un marco regulatorio que promueva la formalización y la competitividad. Solo así será posible revertir la tendencia y sentar las bases para un mercado laboral más inclusivo, dinámico y sostenible.