Mendoza acelera su apuesta por la minería del cobre mientras la vitivinicultura atraviesa una profunda crisis. San Jorge emerge como esperanza económica.
Hay años que funcionan como bisagras en la historia de las personas y los pueblos. En Mendoza, 2026 parece ser uno de ellos. Mientras las bodegas acumulan stock que no encuentran comprador y los productores vitivinícolas negocian el precio de la uva con las espaldas contra la pared, el gobierno provincial impulsa con energía un giro que hace apenas una década resultaba impensable: convertir a la provincia en un polo minero con el cobre como bandera.
La última señal contundente de que los Gobiernos Nacional y Provincial se encuentran en sintonía con ese cambio llegó la semana pasada, cuando el Ministerio de Economía de la Nación oficializó el ingreso de Minera San Jorge S.A. al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto prevé la construcción de una mina a cielo abierto con capacidad para procesar diez millones de toneladas anuales de mineral sulfurado, producir 40.000 toneladas de cobre fino y 40.000 onzas de oro como subproducto.
"Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería", aseguró el Gobernador en los últimos días del año pasado. El gobierno radical lleva adelante en los últimos dos años la construcción política y social que permita cimentar el relato de la oportunidad, después de muchos años de quedar asociado al rechazo de la actividad minera por la Ley 7722, creada por el exgobernador Julio Cobos y los legisladores del radicalismo, rechazando el mismo proyecto San Jorge doce años atrás.
Hoy el pragmatismo y, sobre todo, el realismo ganaron el centro de la política y presentan a la actividad como el "tercer motor" de la economía mendocina (junto al petróleo y la agroindustria) y se prepara la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, que se realizará el 19 y 20 de noviembre, una jugada que combina apertura inversora con cobertura política.
Mientras tanto, la actividad económica de Mendoza (cada vez más deprimida) espera que el comienzo de la construcción de San Jorge, prevista para mediados del año próximo, y la explotación hacia mediados de 2029 reactiven una provincia que pierde año a año participación en el producto nacional.
Los números que abren la esperanza son elocuentes: en plena operación, el proyecto generaría exportaciones por unos 560 millones de dólares anuales entre cobre y oro. Solo en la fase de construcción se emplearían cerca de 4.000 trabajadores, con un pico de 3.900 en simultáneo, y la etapa productiva mantendría unos 2.400 puestos. Para una provincia cuya tasa de desempleo en 2025 presionó por encima de la media nacional, las cifras no son menores.
La urgencia del gobierno por diversificar no es caprichosa: la matriz histórica de Mendoza cruje. La vitivinicultura atraviesa uno de sus ciclos más difíciles en décadas. El consumo interno de vino colapsó: si hace treinta años los argentinos bebían cerca de 90 litros por persona al año, en 2025 esa cifra cayó a apenas 16 litros per cápita. El resultado es una sobreoferta estructural que deprime los precios y deja sin rentabilidad a miles de productores.
Las exportaciones de vino fraccionado casi no variaron en monto durante los primeros cuatro meses del año, absorbidas por la caída de precios internacionales que erosionó las ganancias del mayor volumen despachado.
El sector petrolero, que históricamente amortiguó los ciclos del agro, tampoco llega al rescate: el abandono de YPF de los yacimientos convencionales de la Cuenca Norte limita la capacidad de la extracción provincial para capitalizar el alza de los precios internacionales del crudo. De allí que la minería metálica, durante años contenida por la resistencia social y política, aparezca hoy como la salida más concreta para sostener el producto bruto geográfico provincial en el mediano plazo.
Lo que está en juego en Mendoza excede la discusión sobre un solo proyecto. Es la pregunta sobre qué tipo de economía quiere construir la provincia en las próximas décadas. La demanda global de cobre es un dato objetivo e inapelable: el mundo consume hoy unos 25 millones de toneladas anuales y las proyecciones elevan esa cifra a 35 millones hacia 2035, impulsadas por la electrificación masiva y la transición energética. Argentina tiene reservas y Mendoza tiene una parte de ellas.
El Centro de Estudios Mendoza (CEM) lo resumió con lucidez en su último informe: las exportaciones de la provincia acumulan una década de estancamiento. La diversificación hacia la minería sostenible y otros sectores como Vaca Muerta es indispensable, pero son apuestas de larguísimo plazo. Mientras tanto, el corredor bioceánico que atraviesa Mendoza y el empuje del sector logístico representan oportunidades de maduración más rápida que conviven, a menudo sin el reconocimiento que merecen, con el debate minero.
Mendoza tiene ante sí una mutación genuina. Pero las transformaciones económicas profundas no se decretan: se ganan o se pierden en los detalles, y no es un detalle que Mendoza espere una transición que a su matriz tradicional le agregue la industria del cobre. Por ahora es solo una esperanza.