IMPSA enfrenta conflicto sindical tras anunciar el pago del aguinaldo en cuotas, mientras busca reestructurar una deuda de u$s576 millones hasta 2044
A cuatro meses de haber regresado a manos privadas, IMPSA comienza a mostrar la poca sustentabilidad del proyecto privado. A escasos días de haber anunciado una compleja reestructuración de su deuda, anunció mediante un comunicado que abonará el aguinaldo a sus trabajadores en cuatro cuotas, violando las normativas vigentes y creando un profundo malestar entre los trabajadores.
La compañía mendocina, ahora bajo control del fondo estadounidense ARC Energy, busca extender sus compromisos de deuda hasta 2044. Pero en paralelo, comenzó un clima de conflictividad sindical creciente, en medio de denuncias por pagos fraccionados, despidos y falta de inversión.
La empresa presentó ante el Segundo Juzgado Concursal de Mendoza un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) para reestructurar una deuda que asciende a 576 millones de dólares. La propuesta incluye un canje de deuda por nuevos títulos en dólares, sin quitas de capital y con intereses moderados, a una tasa anual del 1,5%. Los pagos de capital comenzarán recién en diciembre de 2036 y se ejecutarán en nueve cuotas anuales iguales, extendiendo así el horizonte financiero hasta 2044.
El esquema financiero prevé, además, que hasta 2027 los intereses se capitalicen; entre 2028 y 2032 se abone la mitad en efectivo y la otra mitad se sume al capital; y a partir de 2033 el pago sea completamente en efectivo. Según un comunicado oficial enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el objetivo es “mejorar el perfil financiero y liberar capacidad operativa para sostener el crecimiento”.
Entre los acreedores se encuentran organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, y la agencia Export Development Canadá, además de entidades nacionales como el Banco Nación, BICE, Provincia, Hipotecario y el Bradesco, así como el grupo Moneda (vinculado al viceministro de Economía, el economista chileno José Luis Daza) y bonistas privados. Solo con el Banco Nación, IMPSA mantiene una deuda superior a los 14.000 millones de pesos.
Según trascendió, la propuesta ya fue consensuada con los principales acreedores, lo que busca garantizar una votación favorable y evitar litigios judiciales.
Fundada en 1907 por la familia Pescarmona, IMPSA fue durante décadas un símbolo del desarrollo industrial argentino, con especialización en grandes equipos para generación de energía. A lo largo de su historia, participó en obras emblemáticas como la provisión de turbinas para la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Sin embargo, entre 2010 y 2014, la empresa fue duramente golpeada por impagos en obras internacionales (especialmente en Brasil y Venezuela) y por el colapso de su filial eólica Wind Power Energy.
La crítica situación financiera derivó en una estatización parcial en 2021, pero en febrero de 2025, la compañía fue vendida por 27 millones de dólares al fondo ARC Energy, lo que constituyó la primera privatización del gobierno de Javier Milei. El acuerdo contempló la asunción de pasivos y el relanzamiento del perfil exportador.
En las últimas semanas, se profundizó el malestar entre los trabajadores de IMPSA, luego de que la nueva administración anunciara que el aguinaldo del primer semestre se abonará en cuatro cuotas, entre julio y octubre.
Insólitamente, la empresa justifica la decisión en “la falta de ingresos provenientes de proyectos del Estado Nacional”. La decisión, así como la excusa de adjudicarle la culpabilidad al gobierno de Javier Milei, generó un inmediato rechazo por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El gremio denunció que el retraso en el pago del aguinaldo se suma a otras señales preocupantes: la falta de insumos, el incumplimiento de inversiones prometidas tras la venta y el pago en cuotas del retroactivo de la paritaria 2024.
Además, los trabajadores advirtieron que el mes pasado la empresa anunció superávit y ahora “no tienen plata para sueldos”.
La tensión se agravó tras los despidos ocurridos en abril, que afectaron al menos a cinco trabajadores. Aunque a algunos de ellos se les ofreció una reincorporación parcial con pagos fragmentados, la medida fue calificada como “arbitraria” por la UOM, que ahora evalúa acciones directas.
La situación de IMPSA comienza muy rápidamente a entrar en la zona que desde diversos sectores se advirtió durante el proceso de privatización. El único objetivo de los adquirentes es quedarse con la tecnología y desarrollos de IMPSA y, en un mediano plazo, cerrar las operaciones en Argentina. Como dijo, en medio de ese proceso, un hombre que transitó muchos años dentro de la empresa: “lo único que les interesa es lo que está en la memoria de las computadoras”.