La inflación de abril desaceleró, pero el ajuste, el dólar atrasado, las contradicciones oficiales y el humor presidencial exponen las fragilidades del modelo.
Javier Milei muestra sis contradicciones a la hora de hablar de inflación y sus proyecto económico (Ilustración IA)
La inflación de abril le dio al Gobierno un alivio estadístico, pero los números acumulados, las anclas artificiales del programa y las contradicciones del discurso presidencial vuelven a exponer la fragilidad del esquema económico.
El índice de precios de 2,6% en abril se transforma en el primer dato que mostró una desaceleración apreciable después de diez meses de tensión sostenida. La cifra llevó alivio al equipo económico y fortaleció la narrativa oficial de desinflación. Sin embargo, una mirada más amplia obliga a relativizar ese optimismo: en el primer cuatrimestre del año, la inflación acumulada alcanzó el 12,3%, superando ya la pauta del 10,1% que el propio Gobierno había proyectado para todo 2026. En términos interanuales, la variación se ubica en 32,4%.
La baja de abril es real, aunque también responde, en parte, a factores estacionales. Históricamente, el cuarto mes del año suele moderar su ritmo inflacionario respecto de marzo. El Ejecutivo aprovechó ese comportamiento para consolidar su relato de avance, pero los datos acumulados dejan abierta una pregunta central que el oficialismo todavía no responde con claridad: si el programa logrará una reducción estructural y sostenida de la inflación o si apenas conseguirá estabilizarla en niveles que, aunque notablemente inferiores a los picos de la gestión anterior, continúan siendo incompatibles con una economía que haya resuelto el problema inflacionario de manera duradera.
El desglose de abril deja al descubierto las tensiones internas del esquema antiinflacionario. El rubro transporte encabezó las subas con un incremento del 4,4%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria apenas avanzó 1,1%. Que los alimentos suban muy por debajo del promedio no responde a una dinámica espontánea del mercado, sino a una serie de intervenciones que el propio discurso oficial suele cuestionar.
El tipo de cambio continúa contenido por restricciones que buena parte del sector industrial considera propias de un dólar atrasado, con efectos directos sobre la competitividad exportadora. Al mismo tiempo, la petrolera estatal YPF prorrogó por 45 días más el blanqueo de los aumentos que realizó en las últimas semanas, acompañando el aumento internacional del crudo, manteniendo artificialmente contenidos los precios de los combustibles.
Por su parte, el Ministerio de Economía debió inyectar fondos extras, vía subsidios, para sostener las tarifas de los servicios públicos y evitar que un sinceramiento abrupto impactara de lleno sobre el índice general de precios. A eso se suma la contención salarial como variable de ajuste estructural.
El resultado es un proceso de desinflación que descansa, paradójicamente, sobre herramientas intervencionistas. La discusión ya no pasa por determinar si estas anclas funcionan en el corto plazo, sino por cuánto tiempo pueden sostenerse y cuál será el costo económico y social de mantenerlas.
La piedra angular del programa económico sigue siendo el equilibrio fiscal. El Gobierno lo exhibe como un logro político y técnico, además de presentarlo como condición indispensable para estabilizar la economía. El superávit no proviene de una expansión genuina de los ingresos estatales (la recaudación tributaria continúa mostrando caídas en términos reales), sino de un recorte salvaje del gasto y la inversión pública concentrada en áreas sensibles.
Los recortes y demoras en los pagos, que facilitan la contabilidad creativa, alcanzaron a prestadores de obras sociales, interrumpieron coberturas para personas con discapacidad, redujeron partidas destinadas al tratamiento del cáncer y deterioraron el financiamiento educativo. El ajuste tiene efectos concretos sobre sectores que absorben en su vida cotidiana el costo de sostener las cuentas públicas en equilibrio.
El momento de mayor tensión conceptual de la semana surgió tras una extensa aparición pública del Presidente en el canal Neura, donde durante más de dos horas acumuló definiciones que merecen un análisis cuidadoso, pero que, si se le suman las dos horas posteriores en el streaming Carajo, no solo requieren cuidado sino que se le suma preocupación por el estado presidencial.
Javier Milei elevó su objetivo inflacionario a una meta mensual de 0%, desplazando incluso las promesas previas de su propio espacio político, que proyectaban alcanzar en agosto un valor que comenzara con cero. Desde lo técnico, aspirar a la inflación cero resulta atípico: las economías funcionales suelen operar con niveles de inflación moderada, entre 2% y 3% anual, que permiten corregir precios relativos, sostener la dinámica laboral y mantener en funcionamiento la actividad económica. Una deflación impulsada por la parálisis de la demanda es el camino a más problemas, como lo está viendo en vivo y en directo la Argentina libertaria.
Pero Milei es imprevisible y, en la misma silla, con el mismo micrófono y la remera promocional del fondo de inversión estadounidense Allen and Company, puede proclamar el fin del Estado y a la vez justificar el proteccionismo comercial impulsado por Donald Trump frente a China, defender el pragmatismo estatal. Señaló que ningún diseñador de política pública puede quedar atrapado en un modelo teórico rígido cuando los mercados son incompletos y la incertidumbre domina las decisiones económicas. También recordó que quienes pagan los errores de política no son quienes los formulan sino la sociedad.
La contradicción aparece de inmediato. El mismo Presidente que reclama flexibilidad conceptual para comprender el intervencionismo de una potencia extranjera aplica, puertas adentro, una ortodoxia fiscal sin margen de adaptación. Y la advertencia de que “hay gente atrás” adquiere un sentido incómodo frente a la paralización de pagos a prestadores del PAMI, el deterioro de la infraestructura vial o el desfinanciamiento de instituciones educativas y de atención a personas con discapacidad.
En el terreno político, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana empieza a generar señales de desgaste. Dentro del Congreso y entre sectores tradicionalmente cercanos al oficialismo comienzan a aparecer muestras de incomodidad frente a una comunicación presidencial que oscila entre el tono académico y la provocación permanente.
Mientras tanto, en la economía real se multiplican los signos de fatiga social frente a un ajuste que ya lleva casi un año sin traducirse en mejoras tangibles para amplios sectores de la población.
La sustentabilidad del programa económico dependerá, en última instancia, de la capacidad del Gobierno para incorporar en su política doméstica el mismo pragmatismo que reivindica cuando analiza las decisiones económicas de otros países.