Inspectores de la Dirección de Minería y la Policía Minera detectaron irregularidades en el transporte de minerales y dispusieron sanciones y el cierre de una planta en San Rafael.
Se realizaron operativos de control minero en San Rafael.
El gobierno provincial volvió a realizar operativos de inspección vinculados a la minería en el Sur. Luego los controles realizados en Malargüe, hicieron lo mismo en San Rafael, donde se concretaron acciones de fiscalización de la actividad.
Así, se llevaron a cabo controles de Guía de Transporte en ruta y el cese de actividades de una planta de beneficio por incumplimientos técnicos, ambientales y de seguridad.
Las tareas que se sumaron a las realizadas esta misma semana en Malargüe, fueron realizadas por inspectores de la Delegación San Rafael de la Policía Ambiental Minera, en forma conjunta con el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el jefe de la PAM, Guillermo Bickham. “Los procedimientos se desarrollaron tanto en rutas provinciales y nacionales como en establecimientos vinculados a la cadena de valor minera, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia legal, ambiental y de seguridad”, destacó Shantal.
En la Ruta Nacional Nº 144, en San Rafael, uno de los corredores estratégicos para la circulación de cargas vinculadas a la actividad minera en el sur provincial, se realizaron controles de guías de transporte de minerales. Durante estas inspecciones se detectaron dos camiones que transportaban minerales sin la correspondiente Guía de Transporte, documento obligatorio que garantiza la trazabilidad del material desde su origen hasta su destino.
Además, se constató el incumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Nº 110/2025 de la Policía Ambiental Minera, ya que los vehículos no contaban con la cartelería obligatoria de identificación de producto minero.
“Esta señalización facilita los controles en ruta, fortalece la transparencia del circuito productivo y previene el transporte irregular de minerales”, puntualizó Shantal.
Ante estas irregularidades, los inspectores procedieron a la confección de las actas correspondientes, con imputaciones sancionatorias conforme a lo establecido por el Código de Procedimiento Minero (Ley Provincial Nº 9529). Las actuaciones administrativas iniciadas darán lugar a los procesos sancionatorios previstos por la normativa, resguardando el debido proceso y las instancias de descargo.
En paralelo a los controles en ruta, se realizó una inspección en una planta de beneficio dedicada a la fabricación de bloques de concreto y ladrillos, ubicada en el distrito El Cerrito. Como resultado de la verificación técnica y ambiental, se dispuso el cese de actividades del establecimiento, con la correspondiente imputación de sanción.
Durante la inspección se constató que la planta no contaba con la presentación del Informe de Partida, exigido por la Resolución Conjunta Nº 106/25 de la Dirección de Minería y Nº 36/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA). Este requisito, de carácter obligatorio, ya había sido notificado previamente a los responsables del establecimiento, quienes habían sido puestos en conocimiento de la obligación de regularizar su situación.
Además, los equipos técnicos detectaron una serie de observaciones ambientales y de seguridad que representaban riesgos tanto para el entorno como para los trabajadores.
También se relevaron otras deficiencias que, en su conjunto, evidenciaron un incumplimiento de las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente para el funcionamiento de este tipo de instalaciones. Estas condiciones reforzaron la decisión de disponer el cese inmediato de actividades y la adopción de las medidas administrativas y sancionatorias correspondientes, en resguardo del ambiente, la seguridad laboral y el cumplimiento del marco legal.
Desde el Gobierno destacaron que estas actuaciones desarrolladas en San Rafael se inscriben en la política de control, fiscalización y ordenamiento de la actividad minera que viene consolidando.
Esta estrategia apunta a garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y legal vigente, fortalecer la trazabilidad de los minerales, brindar seguridad jurídica a los actores que operan dentro de la ley y proteger de manera integral el ambiente, los trabajadores y la comunidad.
A través de la presencia territorial de la Policía Ambiental Minera y el trabajo coordinado con las áreas técnicas de la Autoridad Minera y Ambiental, la Provincia continúa reforzando los mecanismos de control en toda la cadena productiva, desde la extracción y el transporte hasta el procesamiento de minerales.