El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso a fines de marzo una reducción de los encajes bancarios que pone en circulación unos 2,8 billones de pesos, equivalentes al 3% del crédito total otorgado por los bancos al sector privado y al 2,6% del total de depósitos de empresas e individuos. La medida, impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, persigue como objetivo declarado: abaratar el costo del dinero para que fluya hacia familias y empresas y, con ello, sostener un nivel de actividad económica que exhibe señales evidentes de deterioro.
Consumo en caída y señales de estanflación
Detrás de la decisión técnica se esconde un diagnóstico de situación que el propio equipo económico reconoce en privado: la estanflación avanza, el empleo se deteriora y el consumo masivo retrocede con una velocidad que los indicadores oficiales no alcanzan a reflejar con fidelidad. Scentia, consultora especializada en consumo masivo, registró en enero una contracción del 6,3% en las ventas en volumen, medidas en todos los canales comerciales: supermercados, mayoristas, kioscos, autoservicios y comercio electrónico.
Ese número contrasta con el “consumo récord” que el INDEC midió en períodos recientes y que el ministro Caputo destacó públicamente. La discrepancia, sin embargo, tiene una explicación metodológica: el organismo oficial computa el consumo agregado de un modo que no captura el comportamiento efectivo en las góndolas y mostradores.
Un giro discreto en la política monetaria
En paralelo a la rebaja de encajes, el equipo económico sumó al uruguayo Ernesto Talvi como asesor externo. Especialista en procesos de estabilización, Talvi ha insistido en la necesidad de reducir las tasas de interés para no asfixiar a las empresas ni al consumo de los hogares, y en mantener la paciencia ante el proceso desinflacionario. Su diagnóstico coincide con la dirección que el Gobierno parece estar adoptando, aunque a un ritmo más lento del que los sectores productivos reclamarían.
El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora Eco Go, identifica con precisión el mecanismo que condujo a la situación actual: “La volatilidad de tasas rompió el esquema de financiamiento que tenían las empresas. Por eso se vieron forzadas a recortar el crédito”. En su estimación, la contracción del crédito a familias y empresas acumula unos $600.000 millones a valores corrientes. Lo que ahora se libera (2,8 billones) supera numéricamente esa pérdida. El interrogante es si el contexto permite que esos fondos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
image
Santiago Bausili (titular del BCRA) y Luis Caputo en zona de riesgo con la liberación de encajes para "reactivar" la economía.
El talón de Aquiles: la mora en niveles históricos
Aquí reside el principal obstáculo del plan. Los bancos argentinos llegan a este momento con una cartera de crédito cuya calidad se ha deteriorado de manera sostenida. La proporción de préstamos en situación de mora superior a los noventa días trepó del 9,3% en diciembre al 10,6% en enero. En el segmento de préstamos personales, ese indicador alcanzó el 13%. El dato más preocupante, sin embargo, es el comparativo histórico: la irregularidad en los préstamos a hogares llegó a un nivel que no se registraba desde hacía más de dos décadas.
Ante ese panorama, la pregunta que recorre el sector financiero no admite una respuesta única: ¿los bancos aprovecharán la mayor liquidez para prestar o esperarán a que la morosidad se estabilice antes de asumir nuevos riesgos? La respuesta, según los propios operadores del sistema, será banco por banco, en función del grado de irregularidad que cada institución acumule en su cartera.
A esa incógnita se agrega otra, de resolución más lenta: el estado financiero del sector corporativo. El endeudamiento de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas, no tiene aún la visibilidad estadística que ameritaría. Podría estar gestándose allí un problema de magnitud que las cifras oficiales no reflejan todavía con precisión.
Las restricciones del contexto global
La política de tasas elevadas sostenida por la Reserva Federal de los Estados Unidos durante los últimos años encareció el acceso al financiamiento externo para las economías emergentes. Argentina, que además transita una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, opera bajo compromisos que limitan la expansión monetaria. Un eventual rebrote inflacionario, provocado por una liberación de liquidez mal calibrada, pondría en riesgo la credibilidad del programa económico en su conjunto, credibilidad que, hasta aquí, ha sido el principal activo político del equipo de Caputo.
El Gobierno ha sido explícito en señalar que no habrá concesiones fiscales. Esa línea se mantuvo incluso frente al aumento de los combustibles, que acumuló cerca de un 20% desde comienzos de mes: en lugar de compensar con una reducción impositiva, se optó por modificar la composición técnica del producto para abaratar su precio sin resignar recaudación. La “coherencia fiscal”, en este esquema, es innegociable.
¿Puede funcionar?
La medida se puede definir como técnicamente correcta. Reducir encajes para incrementar la oferta de crédito es un instrumento de política monetaria convencional, reconocido y utilizado en contextos de desaceleración económica en todo el mundo. La dirección es la adecuada.
El problema es que el crédito no funciona como una canilla: su eficacia depende no solo de la oferta de fondos, sino de la disposición de los bancos a prestar, de la capacidad de pago de los deudores y de un marco de tasas estables que haga previsible el costo del dinero en el tiempo. Ninguna de esas condiciones está garantizada en la Argentina de hoy.
Lo que el Gobierno está poniendo en marcha es, en rigor, un puente. Una apuesta a ganar tiempo mientras la inflación cede y los salarios reales recuperan parte del terreno perdido. Si ese puente se sostiene sin generar nuevas tensiones cambiarias o inflacionarias, y verdaderamente los salarios recuperan algo de poder, la medida puede contribuir a estabilizar la actividad. Si la liquidez liberada no encuentra destino productivo y presiona sobre el tipo de cambio o los precios, el efecto podría ser el opuesto al buscado.
