Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza alertaron sobre la posible desregulación que impulsa Federico Sturzenegger.
Desregulación del mercado inmobiliario: qué puede pasar con los inquilinos mendocinos
El gobierno nacional analiza una nueva batería de desregulaciones que alcanzaría a distintas actividades profesionales. Entre los cambios que trascendieron, uno de los que genera mayor preocupación es el vinculado al mercado inmobiliario, ya que el proyecto contemplaría eliminar la exigencia del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario.
Aunque la iniciativa aún no fue presentada formalmente en el Congreso y solo se conocen borradores y declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza encendieron las alarmas y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la medida para los consumidores.
El presidente de la entidad, Silvio Gigli, aclaró en comunicación con Aconcagua Radio 90.1 que por el momento solo pueden referirse a versiones. "Primero hay que ver la letra. Estos son supuestos. Todavía no se ha presentado absolutamente nada. Hemos podido leer, como ustedes, algunos bosquejos o comentarios del ministro Sturzenegger, por lo cual podemos hablar de supuestos", señaló.
Uno de los puntos que más inquieta al sector es la posibilidad de que cualquier persona con título secundario pueda ejercer el corretaje inmobiliario. Gigli sostuvo que una tasación inmobiliaria requiere conocimientos técnicos y formación profesional.
"Con el título secundario no se puede tasar un inmueble. Los departamentos tampoco son todos iguales, las características constructivas, la antigüedad, la funcionalidad, el complejo y los amenities. Hay muchos factores que indican el valor de un inmueble, por lo cual una persona sin conocimientos lo único que va a generar es problemas", afirmó.
Desde el Colegio consideran que la eliminación de los requisitos actuales podría incrementar los casos de fraudes, estafas y conflictos legales derivados de errores profesionales. "Me imagino una persona de 19 o 20 años que quiera abrir una inmobiliaria sin tener estudios, haga una mala tasación y le haga perder 30 o 40 mil dólares a un propietario. ¿Esa persona tiene responsabilidad si la ley se lo permite? No", cuestionó.
Además, explicó que actualmente quienes obtienen el título universitario deben cumplir una serie de requisitos para acceder a la matrícula profesional, entre ellos presentar un garante, precisamente para responder ante eventuales casos de mala praxis. "El colegio y la matrícula están garantizando la seguridad jurídica de todos los ciudadanos de la provincia", remarcó. También indicó que todavía no está claro si el proyecto apunta a eliminar los colegios profesionales o convertirlos en entidades optativas.
Según explicó Gigli, las entidades que representan al sector inmobiliario ya mantuvieron reuniones con el gobierno nacional. Participaron el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (COFECI) y la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), aunque el resultado del encuentro no fue alentador.
"La reunión con el ministro Sturzenegger no fue para nada positiva. Él considera que nuestra actividad es comercial y no profesional. Plantea que van a bajar los costos porque cualquier persona va a poder ejercer y, al haber más personas haciendo algo que no conocen, podrán cobrar menos. La pregunta es si van a cobrar menos a costa de generar inseguridad jurídica para los ciudadanos", expresó.
Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios anticiparon que, en caso de que el proyecto ingrese al Congreso, comenzarán gestiones con legisladores nacionales para intentar impedir su aprobación. "Vamos a ir al Congreso a hablar con diputados, senadores y con las comisiones para ver si tiene los votos necesarios para que esta ley progrese", adelantó Gigli.
El dirigente también recordó que, aun cuando una eventual ley nacional fuera aprobada, Mendoza debería analizar si adhiere o no a la normativa, ya que la provincia cuenta con la Ley Nº 7.372, que regula la actividad desde hace 25 años. "Mendoza siempre ha respetado las instituciones y la Constitución, por lo que va a ser muy difícil que este proyecto pueda prosperar", sostuvo.
Finalmente, consideró que la iniciativa implicaría un retroceso para la profesión. "Estamos haciendo un retroceso de no menos de 30 años. Nuestros legisladores establecieron que esta actividad debe estar regulada y controlada. Las personas que administran el patrimonio de otros deben tener los estudios correspondientes y, si se equivocan, tienen que ser responsables", concluyó.
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