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Tenían casas del IPV y las alquilaban para turistas: se las van a quitar

El Gobierno avanza en la recuperación de casas cuyos beneficiarios las usaban para fines comerciales en lugar de ocuparlas, tal como indican los requisitos del IPV.

Por Cecilia Zabala

El Gobierno avanza con su plan de quitarles las viviendas a beneficiarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que destinaron las casas a usos para los cuales no fueron otorgadas. Es decir, que a pesar de que se trata de viviendas sociales, los propietarios no las habitaban, sino que eran ocupadas por otras personas. Incluso se destinaban a alquiler para turistas.

Según informaron desde el Instituto Provincial de la Vivienda, en cinco meses ya se revocaron ocho titularidades de casas que no eran habitadas por los beneficiarios reales. Actualmente, se están analizando más de 170 casos en toda la Provincia de Mendoza.

En los últimos meses el IPV intensificó las tareas de control de residencia real de adjudicatarios titulares de las casas que entrega el Gobierno de la provincia y que están destinadas a vivienda única familiar.

Luego de las instrucciones planteadas por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de profundizar los controles, se detectaron irregularidades en la ocupación de las casas que, entre otras formas, se usaban para alquileres temporarios vía plataformas on line.

Este tipo de situaciones, o directamente la falta de ocupación de las viviendas, desembocó en la desadjudicación de tres propiedades durante los últimos siete meses de este año y otras cinco van por el mismo camino en un complejo de la Ciudad de Mendoza.

“Es importante que el Gobierno de Mendoza lleve adelante estas acciones básicamente porque hace a la equidad y ser justos, pero esto, adquiere un significado mayor cuando hablamos del acceso a la vivienda digna. Tan necesario para, junto con otros aspectos, tener una vida plena. Es tan alta la demanda de un techo digno, máximo en un país donde por muchísimos años no ha existido el crédito hipotecario, que nos cabe desde el Estado la responsabilidad moral de buscar casos como estos que impiden que personas con necesidades genuinas de vivienda hayan sido desplazados por gente que busca hacer un negocio o una diferencia. La vivienda tiene un valor social fundamental ya lo menciona la constitución nacional cuando habla de la vivienda digna en el artículo14 bis” declaró Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El fallo de la desadjudicación es siempre el último recurso al que apela el IPV, luego de un largo proceso que va desde la verificación de residencia de los titulares, durante diferentes días y horarios, hasta notificaciones y emplazamientos para que los adjudicatarios puedan ejercer su derecho de defensa. Sobrepasadas estas instancias, se quita a los beneficiarios la asignación de las viviendas que no estén escrituradas.

Las casas recuperadas mediante estos procesos se destinarán a familias con alto grado de vulnerabilidad según lo que determinen el IPV y el municipio correspondiente.

Actualmente, el organismo evalúa otros 176 casos que se encuentran en diferentes estadíos del proceso de desadjudicación.

Durante muchos años, el foco estuvo puesto en que los titulares de las viviendas que entrega el IPV regularizaran sus deudas y ocuparan sus viviendas”, explicó Gustavo Cantero, presidente del organismo.

En pos de eso, se realizaron diversas campañas para incentivar tanto el pago de las cuotas como la ocupación permanente por parte del grupo familiar beneficiario de las viviendas entregadas.

Tal es así que desde el 2020, se resolvieron cerca de 2.000 casos críticos, relacionados con la morosidad y la ocupación, que no llegaron a la desadjudicación ya que se fueron regularizados por los propietarios

Este año la decisión está basada en extremar los controles de la ocupación real de las viviendas, ya que al momento de la adjudicación se les aclara a los beneficiarios que las unidades no pueden ser vendidas ni alquiladas, sin permiso del IPV y que tienen que ser habitadas inmediatamente”, indicó Cantero.

¿Cómo es el proceso de desadjudicación de las viviendas?

Las viviendas no escrituradas son aquellas en las que el titular registral es el IPV, y como tal, tiene la potestad de iniciar un proceso de desadjudicación ante situaciones de alta morosidad o constatación de ocupación irregular, pudiendo culminar con el desalojo de la unidad.

Desde el IPV, se realizan controles periódicos a las unidades entregadas a fin de constatar su ocupación efectiva. Estas visitas también pueden estar originadas por denuncias de los propios vecinos que detectan que una casa está deshabitada o que sus titulares están cometiendo una falta en el modo de ocupación.

Un ejemplo de esta situación sucedió a principio de este año cuando vecinos del barrio Eusebio Blanco, en Ciudad, denunciaron que varias unidades no eran ocupadas por sus titulares. El IPV realizó inspecciones en el complejo en numerosas oportunidades y al detectar varias irregularidades, notificó a sus ocupantes y llevó los casos para ser analizados bajo los parámetros legales que establece la normativa. El resultado fue la desadjudicación de tres unidades, en tanto que otras siete continúan siendo investigadas.

Otros casos de viviendas desadjudicadas se dieron en los barrios Fuerza y Progreso y Capilla de Nieve, en Guaymallén; Parque Oeste, de Godoy Cruz y José Hernández, de San Martín.

Por otra parte, en lo que va del 2024, se cerraron cerca de 200 expedientes, ya que los titulares de las viviendas regularizaron su situación.

“La quita de la vivienda es una de las acciones que puede aplicar el IPV para los adjudicatarios que incumplen con sus obligaciones, ya que generalmente encubren estrategias especulativas”, remarcó Cantero.

En tanto, instó a la población a denunciar casos de irregularidad para iniciar las acciones correspondientes, aunque, cabe aclarar, que esta denuncia por sí misma, no constituye un derecho sobre la vivienda denunciada, pero sí es una herramienta eficaz de control social.

Por último, apuntó: “Es necesario que los titulares de viviendas sociales sean responsables con el pago de las cuotas y la ocupación de las mismas”.

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