A más de una década de su sanción, la Ley 26.639 enfrenta un proceso de revisión legislativa que plantea preguntas que vale la pena analizar.
¿Qué protege la Ley de Glaciares y por qué importa?
El debate en torno a una posible modificación de la Ley de Glaciares no es nuevo, pero en 2026 alcanzó una etapa concreta: en febrero, el Senado aprobó un proyecto de reforma y continúa en debate legislativo, incluyendo instancias de participación pública.
Para Mendoza, provincia cuya economía e identidad están profundamente ligadas al agua de montaña, este proceso merece una mirada atenta y sin simplificaciones.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, reconociéndolos como reservas estratégicas de recursos hídricos. Fijó prohibiciones para actividades que puedan comprometer su función hídrica y ordenó la construcción de un Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA.
Ese inventario identificó 16.968 cuerpos de hielo a lo largo de más de 5.000 km de cordillera. Solo en Mendoza, hay 4.172 glaciares que cubren aproximadamente 1.239 km². Son números que hablan de la magnitud de lo que está en juego en términos de recursos hídricos y cambio climático.
En Mendoza, el agua no es solo un recurso: es parte de la identidad colectiva de una sociedad que aprendió a vivir en el desierto gracias a ella. En este sentido, cualquier modificación de las reglas que protegen sus fuentes hídricas explica por qué genera atención y reservas en la provincia.
Por eso, analizar los aspectos técnicos e institucionales de la reforma, entendiendo con precisión qué se propone cambiar y qué garantías ambientales existen, es la mejor forma de participar en esta discusión con información confiable.
Las modificaciones propuestas apuntan a cómo traducir definiciones científicas complejas en criterios operativos aplicables en el territorio, fortaleciendo el rol de las provincias en la generación y validación de estudios ambientales de mayor detalle, especialmente en la evaluación de proyectos específicos. En términos técnicos, la propuesta busca dar mayor claridad a la delimitación del ambiente periglacial (las zonas donde los procesos de congelamiento y descongelamiento moldean el suelo y el relieve y pueden contener hielo no visible en superficie, como permafrost o hielo intersticial). A diferencia de un glaciar descubierto, estos ambientes son más difíciles de identificar y requieren metodologías científicas específicas y trabajo de campo.
El Inventario Nacional de Glaciares (ING), desarrollado por el IANIGLA en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 26.639, constituye una herramienta fundamental para caracterizar estos ecosistemas de montaña a escala nacional. Este trabajo permitió contar, por primera vez, con una base de datos ambiental homogénea a nivel país. Sin embargo, su diseño responde a una escala regional, no concebida para resolver con precisión el análisis de sitios a escala local.
Según este esquema, el IANIGLA continúa siendo el organismo técnico de referencia y responsable del ING. Este instrumento mantiene un rol central: las geoformas inventariadas conservan su protección como punto de partida, mientras que los estudios de mayor resolución permiten, en casos específicos, analizar con rigor científico la función hídrica. En este sentido, aun cuando persisten desafíos conceptuales, se genera la posibilidad de abordarlos a través de estudios locales, avanzando hacia una resolución operativa de estas incertidumbres. Mientras que a escala regional estas definiciones tienden a permanecer en un plano teórico, su análisis en instancias de mayor detalle, gestionadas a nivel provincial, habilita una caracterización precisa en cada caso concreto.
Es precisamente aquí donde vale la pena detenerse en una pregunta que aparece con frecuencia en el debate: ¿qué garantías de transparencia existen de que una mayor intervención provincial pueda llevarse a cabo de manera rigurosa?
En materia ambiental, las provincias actúan dentro de un sistema de normas que opera en distintos niveles. En Mendoza, cualquier proceso de evaluación ambiental está sujeto a presupuestos mínimos nacionales, a la propia legislación ambiental provincial, considerada entre las más exigentes del país, y a las obligaciones que Argentina asumió al ratificar el Acuerdo de Escazú.
Este tratado internacional ambiental, vigente desde 2021, obliga a garantizar acceso a la información pública, participación ciudadana efectiva en las decisiones y acceso a la justicia ambiental para cuestionar esas decisiones. No es una declaración de principios: es derecho exigible. Significa que cualquier delimitación o evaluación provincial deberá estar respaldada por evidencia técnica, sometida a consulta pública y abierta al control judicial.
Mendoza, además, tiene una institucionalidad ambiental construida a lo largo de décadas: procedimientos de evaluación de impacto ambiental, organismos de control técnico y mecanismos de participación social. Es una base institucional con recorrido y herramientas concretas. En un eventual escenario de mayor participación provincial, este contexto plantea también el desafío de seguir fortaleciendo capacidades técnicas, metodologías de evaluación y mecanismos de control que aseguren decisiones fundadas en evidencia científica.
El debate sobre la Ley de Glaciares es, de fondo, una conversación sobre cómo tomar decisiones cuando lo que está en juego es estratégico en varios niveles: ambiental, económico y social. Para eso hacen falta datos confiables, procesos transparentes e instituciones sólidas capaces de integrar el conocimiento científico con la gestión del territorio.
Ese es el piso mínimo para que la protección ambiental sea efectiva y para que el desarrollo productivo sea socialmente legítimo. En caso de implementarse las modificaciones propuestas, Mendoza cuenta con un entramado normativo e institucional que le permite asumir este rol con responsabilidad. La solidez de sus procedimientos ambientales, sumada a la experiencia acumulada en gestión del agua, posiciona a la provincia en condiciones de abordar activamente estos desafíos, con criterios técnicos, capacidad institucional y responsabilidad en la gestión sustentable del territorio.
* Autor/a: María Florencia Ruggeri. Ingeniera Química y Doctora en Ingeniería con Mención Civil-Ambiental. Especialista Ambiental en Impulsa Mendoza Sostenible S.A., docente universitaria. Especializada en procesos ambientales, caracterización y evaluación técnica de sistemas criosféricos y recursos hídricos.