Federico Sturzenegger dio a conocer los pedidos que le hizo Alfredo Cornejo sobre el INV, el cual fue reestructurado junto a otros organismos del Estado.
Los pedidos de Alfredo Cornejo a Sturzenegger sobre el INV antes de su reestructuración.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como parte del plan de ajuste del Estado del Gobierno nacional. Señaló que mantuvieron el nombre del organismo y las certificaciones para exportaciones por pedido del gobernador Alfredo Cornejo.
Sobre los aspectos en los que se involucró el mandatario mendocino, el funcionario escribió: "Se mantienen, por supuesto, las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino. Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador Alfredo Cornejo, que también pidió que mantuviéramos el nombre del instituto".
A través de X, el funcionario señaló: "Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas. Este es otro principio general de las reformas del presidente Javier Milei que un trámite se pueda hacer en el sector público o en el sector privado".
Para justificar la medida de transformación del instituto, afirmó: "Esto obliga al regulador a ejercitar cierta 'cordura' que no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal. Y de hecho la certificación de origen, en algunos casos ya la dan los privados, como en Luján de Cuyo. En otros productos no es necesaria: quizás a un vino de menor calidad le alcanza con decir 'Mendoza' sin tener que ir por un engorroso trámite de certificación de origen en el INV".
El ministro relató a través a de las redes sociales la reforma principal que sufrirá el INV que dejará de ejercer controles obligatorios sobre las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo (como la propiedad de los viñedos, la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el transporte), y se concentrará exclusivamente en el tramo final de la cadena, en la góndola, donde controlará la aptitud para el consumo y que los productos no estén adulterados ni manipulados de forma indebida (los controles también se podrán hacer de manera privada).
Además, el funcionario aseguró que "con esta medida se pone fin a un esquema regulatorio sobredimensionado, oneroso e ineficaz, que durante años perjudicó el desarrollo de una de nuestras principales economías regionales. A su vez, a partir de la centralización del organismo se generan ahorros por la eliminación de sus estructuras de apoyo administrativo. El vino argentino no necesita más burocracia para crecer. Necesita libertad, reglas claras y eficiencia institucional".
En Mendoza, y el resto de las provincias vitivinícolas, el INV es clave en trazabilidad, certificación, inspección y apoyo logístico. Si bien la medida promete reducir burocracia, plantea dudas sobre el impacto en los pequeños productores y la uniformidad de los controles en origen.
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