El titular del Instituto Provincial de la Vivienda explicó en qué impacta la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Qué pasará con las viviendas iniciadas y los fondos comprometidos.
Qué implica para Mendoza la decisión de Milei de disolver la Secretaría de Vivienda.
Foto: Yemel FilLuego de que el el Gobierno de Javier Milei anunciara la decisión de disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, surgieron dudas respecto al impacto de esta medida en la provincia de Mendoza y, sobre todo, qué pasará con las 156 casas en ejecución que se iniciaron a través de fondos nacionales. El titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, brindó un panorama de la situación.
Este martes se comunicó por parte de la Casa Rosada que la decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.
A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras.
"No es una novedad que nos pasaron la pelota a las provincias porque apenas asumió el presidente dijo ´no más obra pública´ y paró toda la obra pública, y la vivienda en especial", sostuvo Gustavo Cantero en diálogo con RADIO ANDINA (90.1).
Cabe recordar que en 2024, el gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con la Nación para finalizar 156 viviendas que estaban iniciadas por parte de la Nación. "Con esta noticia de la disolución estamos en duda de cómo van a hacer para cumplir el compromiso", advirtió Cantero.
Se trata de casas que están en ejecución y estarían concluidas en el mes de mayo, en Lavalle, Santa Rosa, San Martín y Tupungato.
"No hay nada claro, estamos averiguando. Vamos a esperar unos días para saber cómo actuamos, hoy se están financiando con dinero de la provincia. El acuerdo era que se ejecutaba, se hacía el certificado, se enviaba y Nación enviaba el dinero, pero solo mandaron deudas a valor nominal. No hemos recibido plata del recomienzo de las obras", cuestionó el titular del IPV. Se trata de unos $2.500 millones. "Las vamos a terminar, luego la provincia debería hacer el reclamo", sostuvo Cantero.
"La Nación debe desarrollar políticas y las provincias y los municipios deben ser los que las ejecuten. Creo que vamos a ser más eficientes desarrollando las políticas desde el territorio", señaló Cantero.
Pero advirtió: "No hagamos desaparecer la Secretaría, dejemos gente que piense y diseñe las políticas de vivienda que debe tener el país, pero que las ejecuten los territorios, pero con fondos porque toda la caja se la está quedando la Nación".
" Hace ocho años que la provincia de Mendoza, por cuestiones políticas o económicas, no tuvo mucha llegada a esos programas nacionales. El 95% de las viviendas que se están ejecutando está financiado con presupuesto provincial, y el FONAVI", aclaró el titular del Instituto Provincial de la Vivienda.
Mientras que en Mendoza se calcula un déficit habitacional de 100.000 viviendas, a nivel país es de unos 4 millones. Pero a la par de esos datos, la lista de familias que se inscriben en los municipios en el Registro de Necesidades Habitacionales (RENHABIT) crece día a día. Y no solo de familias en situaciones de vulnerabilidad, sino de familias de clase media que no tienen acceso a las viviendas sociales, pero tampoco al crédito privado.
"Siempre vamos detrás. A nivel nacional se están haciendo 100.000 casas. Es imposible que el Estado nacional y el provincial combatan ese déficit", sostuvo Cantero.
"Por eso, es importante el crédito y que sea sostenible en el tiempo. Que el Estado trabaje para atender a la gente con situaciones de vulnerabilidad y la clase media pueda acceder al crédito", concluyó el titular del IPV.