El adelanto oficial ya generó rechazo en el Congreso. La Casa Rosada evalúa sumar reformas sensibles para ordenar el gasto y blindar el superávit.
Se esperan fuertes discusiones en el Congreso Nacional.
El Gobierno abrió el debate por el Presupuesto 2027 con un anticipo de lineamientos que ratifica el equilibrio fiscal como eje central, pero la discusión ya escaló en el Congreso: la oposición cuestiona el ajuste y la falta de precisiones, mientras la Casa Rosada evalúa incluir cambios en leyes sensibles como Discapacidad y Financiamiento Universitario para ordenar el gasto.
El escenario anticipa una pulseada política y fiscal en un año electoral, donde el oficialismo buscará consolidar su programa económico y la oposición pondrá el foco en el impacto social del recorte.
El adelanto del Presupuesto, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, plantea mantener el superávit fiscal, reducir impuestos y sostener la desaceleración inflacionaria, pero deja para más adelante el detalle de las partidas.
Ese esquema generó reparos en distintos bloques. En la oposición advierten que el Gobierno intenta fijar las reglas del gasto sin abrir una discusión política amplia, especialmente sobre:
Desde el bloque Innovación Federal, cercano a gobernadores, cuestionaron que el documento carece del nivel de detalle necesario y advirtieron que el ajuste podría concentrarse en distritos y sectores sensibles.
En tanto, desde Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman sostuvo que las proyecciones económicas oficiales “están desancladas de la realidad”, mientras que el senador Fernando Salino marcó inconsistencias entre las metas inflacionarias y la evolución real de los precios.
En paralelo, la Casa Rosada analiza incluir dentro del Presupuesto 2027 modificaciones a las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, dos normas que ya generaron conflictos políticos y judiciales.
La estrategia apunta a evitar que el Congreso impulse leyes con impacto fiscal por fuera del cálculo presupuestario, obligando al Ejecutivo a compensar con recortes en otras áreas.
En el oficialismo sostienen que el Presupuesto debe ser la herramienta central para definir el gasto, en lugar de avanzar con normas específicas que incrementen partidas sin financiamiento.
El frente universitario es uno de los más sensibles. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a actualizar salarios docentes y no docentes y reforzar becas, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
Aunque el fallo no resolvió el fondo de la cuestión, mantiene vigente una obligación de gasto que condiciona el diseño del Presupuesto 2027.
Desde el Ejecutivo relativizan el impacto total de la ley, pero reconocen que el tema seguirá abierto y puede influir en la negociación parlamentaria.
En el área de Discapacidad, el Gobierno también busca reformular el esquema dentro del Presupuesto, con medidas orientadas a:
El objetivo es reducir el costo fiscal y mejorar los controles, en un rubro que representa una porción creciente del gasto social.
La inclusión de estas reformas dependerá de la capacidad del oficialismo para construir acuerdos políticos previos, especialmente con gobernadores.
En Balcarce 50 buscan evitar una derrota como la de diciembre de 2025, cuando no lograron sostener cambios similares en el Presupuesto 2026.
La apuesta ahora es llegar a septiembre con consensos más firmes, que incluyan:
Fuente: con información de Ámbito y TN
