La Argentina solicitó a la jueza Loretta Prezka del caso YPF que "reconsidere" el pedido de entregar las comunicaciones de funcionarios del Gobierno Nacional.
Por la causa YPF, la Argentina pidió que frenen el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales.
Foto: Yemel FilEn el causa YPF, la Argentina le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Prezka, que reconsidere el pedido al país de entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios del Gobierno Nacional involucrados.
A mediados del mes pasado, la estadounidense le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía, Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se realizarán búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.
Ahora, la Argentina le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Prezka, que reconsidere ese pedido, según reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, quien además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que la Argentina avance en una apelación de la medida.
El objetivo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.
El 15 de septiembre de 2023, la jueza estadounidense Loretta Preska dictó una sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo del juicio fijó una compensación de 16.000 millones de dólares, cifra que con intereses acumulados asciende actualmente a 17.750 millones.
La resolución judicial favoreció a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de la petrolera al momento de la estatización.
El eje del reclamo radicó en que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de ese momento –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Repsol fue compensada mediante bonos, pero no se realizó una oferta similar para los accionistas privados.
Desde la sentencia emitida en 2023, el Estado argentino presentó una apelación. Sin embargo, la falta de pago o de propuestas de acuerdo derivó en un aumento de la presión por parte de los demandantes. Entre las acciones impulsadas por los fondos, prosperó el pedido de entrega de acciones de YPF actualmente en poder del Estado. Esta solicitud fue avalada por la jueza Preska, lo que abrió la puerta a que otros acreedores presenten reclamos similares. Fuente: NA.
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