La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a defender su decisión de autorizar el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti, luego de que el Senado resolviera dejar sin efecto esa posibilidad al enviar el tema a comisión.
La vicepresidenta aseguró que no violó el reglamento y sostuvo que su autorización fue excepcional, aunque el Senado finalmente la dejó sin efecto.
La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a defender su decisión de autorizar el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti, luego de que el Senado resolviera dejar sin efecto esa posibilidad al enviar el tema a comisión.
A través de sus redes sociales, la titular de la Cámara Alta sostuvo que su accionar no contradijo el reglamento ni implicó un cambio institucional, y remarcó que la definición final siempre estuvo en manos del cuerpo.
Villarruel, quien no participó de la sesión por estar a cargo del Ejecutivo (a raíz del viaje de Javier Milei), respondió a un planteo de un abogado constitucionalista que avaló su postura y explicó que la medida tenía “carácter individual, excepcional y transitorio”.
“Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”, expresó la vicepresidenta, quien aclaró que su intervención se limitó a habilitar el tratamiento del caso y trasladar la decisión al pleno.
En ese sentido, recordó que la autorización firmada mediante decreto estaba sujeta al aval de los senadores, condición que finalmente no se cumplió.
El gesto de Villarruel había permitido que Fernández Sagasti pudiera participar de forma virtual por razones médicas, ya que cursa un embarazo de 32 semanas considerado de riesgo y tiene prohibido viajar.
Sin embargo, al inicio de la sesión, el oficialismo impulsó una moción para enviar a comisión todos los proyectos vinculados al voto no presencial, lo que fue aprobado por amplia mayoría.
Esa decisión implicó que tanto la senadora mendocina como el radical Flavio Fama, también con problemas de salud, quedaran inhabilitados para intervenir en el debate.
La postura del oficialismo, que fue acompañada por todos los bloques (incluso el Justicialismo) respondió a la intención de evitar sentar un precedente sobre la participación remota sin una regulación específica, un punto que generaba reparos en distintos bloques.
De ese modo, la resolución del Senado desactivó sin debate el planteo y dejó en suspenso la discusión de fondo, que ahora deberá ser tratada en comisión.
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