El acuerdo tuvo lugar tras un juicio abreviado por hechos de corrupción. Ambos aceptaron tres años de prisión en suspenso y quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.
El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y la exsecretaria de Gobierno de ese departamento, Janina Ortiz aceptaron este lunes una condena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ambos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos en el marco de la causa que investiga hechos de corrupción en la gestión municipal.
Ambos aceptaron declararse culpables con el objetivo de evitar una eventual pena de prisión efectiva, que podría haberse aplicado en caso de que el tribunal determinara una condena superior al límite que permite dejar la pena en suspenso.
El acuerdo también contempla una multa cuyo monto todavía no fue determinado. El objetivo es recuperar, al menos parcialmente, los fondos que, según la investigación judicial, fueron obtenidos de manera ilícita.
Según el acuerdo, ambos fueron considerados responsables de peculado en cuatro hechos, delito que contempla la apropiación, desvío o utilización indebida de dinero, bienes o recursos pertenecientes al Estado.
En el caso de Orozco, la acusación se vinculó con transferencias de dinero que fueron verificadas durante la investigación. Respecto de Ortiz, el expediente también contempló hechos vinculados con la utilización de un documento público falso y amenazas coactivas.
La causa además alcanzó a otros funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Las Heras, aunque el juicio abreviado acordado por Orozco y Ortiz no incluye a los otros ocho imputados.
La investigación comenzó en 2023 y estuvo a cargo del fiscal Juan Ticheli, de la Unidad Investigativa de Delitos Económicos. El funcionario clausuró la investigación y elevó la causa a juicio oral y público hace poco más de un año. En el expediente, además de los hechos atribuidos a Orozco y Ortiz, se investigaron distintas maniobras presuntamente realizadas durante la gestión municipal.
En particular, sobre Janina Ortiz y Adrián Alejandro Pérez también recayó una imputación por la utilización de documento público falso en concurso real con peculado en al menos diez hechos.
La situación de Ortiz tiene además una derivación política: la legisladora fue suspendida por la Legislatura provincial para que pudiera afrontar el proceso penal y actualmente enfrenta un proceso que podría derivar en su expulsión de la banca. De acuerdo con la investigación del fiscal Ticheli, el perjuicio económico ocasionado a la Municipalidad de Las Heras fue calculado en $35.511.386,14, correspondiente a dinero girado entre 2021 y 2023.
Para los investigadores, durante ese período funcionarios políticos y de carrera del municipio se habrían valido de la cooperativa Manos a la Obra, señalada en el expediente como una organización que no tenía actividad efectiva, para facturarle a la Municipalidad trabajos que, según la acusación, no fueron realizados.
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