El Gobierno intimó a Londres a frenar la explotación de hidrocarburos en dos semanas y advirtió que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Otro round con el Reino Unido en el conflicto por las Islas Malvinas.
El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona de las Islas Malvinas. La medida apunta específicamente al proyecto denominado Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente, que informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para poner en marcha el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según el comunicado oficial, el objetivo es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos y evitar nuevas medidas que puedan modificar o agravar la situación en la zona de disputa.
Además del inicio del arbitraje, el Gobierno argentino informó que intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
La Casa Rosada advirtió que, si Londres no cumple con ese requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales para preservar los derechos soberanos que reclama sobre la plataforma continental.
El planteo oficial apunta no solamente contra el proyecto Sea Lion, sino también contra el eventual otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cuya soberanía reclama Argentina.
Poco después de la difusión del comunicado, Milei reforzó el anuncio a través de su cuenta de X. "Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte", escribió el Presidente.
El mandatario reiteró además el plazo establecido por el Gobierno y advirtió: "Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar". Milei cerró el mensaje con la consigna "Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras".
La decisión se inscribe en la postura que el Presidente había expresado días atrás ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cuestionó el avance del proyecto Sea Lion y sostuvo que Argentina utilizaría herramientas jurídicas frente a la explotación de recursos en el área en disputa.
Para fundamentar su posición, la administración de Milei recordó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Aquella resolución instó a ambos gobiernos a buscar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
El comunicado también mencionó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que llamó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
En ese marco, el Gobierno argentino sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales en las áreas en disputa resulta contraria al derecho internacional y genera un perjuicio que, según la posición oficial, sería irreversible e irreparable para los derechos de soberanía argentinos.
La Oficina del Presidente también expresó su rechazo a la respuesta del Reino Unido a las declaraciones realizadas por Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno argentino cuestionó particularmente que Londres se refiera a las islas como "Territorio Británico de Ultramar" y sostuvo que el referéndum realizado en 2013 no modifica la existencia de la controversia de soberanía.
La administración libertaria planteó que esos elementos no alteran el objeto de la disputa que Argentina mantiene con el Reino Unido por las islas y los espacios marítimos circundantes.
En paralelo al conflicto por la explotación hidrocarburífera, la Oficina del Presidente informó que el Gobierno detectó operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile.
De acuerdo con el comunicado, las operaciones fueron realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
Frente a esta situación, Milei ordenó a los equipos de Gobierno iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas.
El comunicado oficial concluyó con la ratificación de que Argentina continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas para defender los derechos de soberanía que reclama sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
