18 de noviembre de 2026
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Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Diputados votará la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma del BCRA

Se espera una larga sesión este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El oficialismo buscará aprobar proyectos del Ejecutivo.

Por Sitio Andino Política

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina sesionará este miércoles y el oficialismo intentará aprobar diversos proyectos impulsados por el Ejecutivo, como la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional -vinculada a las Islas Malvinas- y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La sesión especial comenzará a las 12, y se espera un largo debate que culminará a altas horas de la madrugada. El temario también incluye los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

El jueves pasado, La Libertad Avanza intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron borrar el capítulo 7 a cambio de los votos. El oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.

Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral (aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales).

Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.

El capítulo también aplica penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero contra la seguridad nacional argentina, por revelar secretos de Estado a un país extranjero, y por participar de campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.

A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.

El proyecto propone un régimen sancionatorio (penal y económica) por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores (se deja afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones).

Otras críticas al proyecto

A su vez, para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas. Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.

El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma. Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.

Reforma del Banco Central

El otro tema que demandará varias horas de debate durante la sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo tuvo que aceptar los cambios aplicados en el Senado, que le quitan a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.

Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, la iniciativa busca consolidar como principio rector la idea de "emisión cero". Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.

De esta manera, se elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro.

A través del proyecto, quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario. La idea del presidente Javier Milei es blindar la entidad y ponerla a salvo de eventuales distorsiones en caso de que cambie el signo político del Gobierno.

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