La Casa Rosada aseguró que cumple con las transferencias y cuestionó la ley de financiamiento. Milei replicó mensajes críticos en redes.
Miles de personas se movilizaron por las universidades en todo el país.
Foto: Prensa Gobernación de la Provincia de Buenos AiresEl Gobierno nacional salió a responder a la masiva marcha universitaria que se replicó en todo el país y rechazó las acusaciones de desfinanciamiento, al tiempo que calificó la protesta como una manifestación “opositora” impulsada por sectores políticos.
A través de distintos comunicados y declaraciones, la administración de Javier Milei defendió su política presupuestaria y sostuvo que cumple con las obligaciones de financiamiento hacia las universidades nacionales.
En un comunicado difundido por La Libertad Avanza, el oficialismo aseguró que existe un intento de instalar en la sociedad la idea de que el Ejecutivo busca recortar o cerrar el sistema universitario.
“El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades”, señalaron, y destacaron que la partida para 2026 asciende a 4,8 billones de pesos.
Además, compararon la situación actual con la gestión anterior y remarcaron que los envíos de fondos ahora se realizan en tiempo y forma, en un contexto de menor inflación.
En ese marco, insistieron en que cualquier modificación del esquema actual pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que —según sostienen— derivaría en “más inflación y más pobreza”.
Uno de los ejes centrales de la respuesta oficial fue nuevamente el cuestionamiento de Ley de Financiamiento Universitario, cuyo cumplimiento reclaman las casas de estudio.
Desde la Casa Rosada afirmaron que la norma “nació suspendida” porque no especifica las fuentes de financiamiento, lo que —según argumentaron— viola la normativa vigente en materia presupuestaria.
En esa línea, indicaron que la aplicación de la ley implicaría un gasto de 1,9 billones de pesos, lo que comprometería las cuentas públicas.
Además, señalaron que la medida cautelar que ordenaba su implementación no está firme, luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concediera un recurso extraordinario, por lo que ahora deberá expedirse la Corte Suprema.
Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó el funcionamiento del sistema y puso el foco en los niveles de egreso y el uso de los recursos.
El funcionario afirmó que existen carreras con costos muy elevados por graduado y sostuvo que una parte significativa de los estudiantes no avanza en sus estudios.
También apuntó contra algunas universidades por no permitir auditorías o demorar la rendición de gastos, y cuestionó decisiones como no cobrar aranceles a estudiantes extranjeros.
En ese sentido, adelantó que el Gobierno avanzará en la publicación de datos abiertos del sistema universitario, con el objetivo de reforzar la transparencia.
Si bien el presidente Javier Milei no realizó declaraciones públicas sobre la marcha, sí se expresó de manera indirecta a través de redes sociales, donde compartió mensajes de terceros con fuertes cuestionamientos a la movilización.
Entre ellos, replicó posteos que calificaban la protesta como “política” y que ponían en duda el reclamo por financiamiento, al señalar supuestas irregularidades en la administración de fondos por parte de algunas universidades.
También se difundieron mensajes que plantean que la discusión no es sobre la defensa de la educación, sino sobre quién conduce el sistema universitario, y otros que cuestionan la falta de rendiciones de cuentas.
De esta manera, mientras en las calles miles de personas reclamaban por mayor financiamiento, el Gobierno redobló su postura y defendió su política económica, en un conflicto que suma un nuevo capítulo y que ahora también se dirime en el ámbito judicial.
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