Rechazaron los dichos de Nicolás Maduro que acusan a Nahuel Gallo de querer afectar la integridad de la vicepresidenta venezolana. La CIDH desconoció su reelección.
Gerardo Werthein, Patricia Bullrich y familiares de Nahuel Gallo. (Foto: internet)
En la tarde de este martes, Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad publicaron un comunicado donde rechazan las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro que indican que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo viajó a territorio venezolano con intención de afectar la integridad de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El comunicado indica que: “No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano”.
Además, justifica que Gallo ingresó de manera legal dado que cumplió con todos los procesos migratorios. “Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje”, argumentan las carteras que dirigen Gerardo Werthein y Patricia Bullrich.
El Gobierno volvió a exigir la inmediata liberación del gendarme argentino. “El Estado argentino repudia estos atropellos y hace un llamado a la comunidad internacional a condenar enérgicamente estos actos criminales y violatorios del derecho internacional”, manifiesta el comunicado.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desconoció la reelección de Nicolás Maduro y aseguró que "no goza de legitimidad democrática". A su vez, denunció "ejecuciones y desapariciones forzadas" durante los últimos meses.
"La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes", indicó el organismo en un documento difundido este martes.
A tan solo tres días de la asunción de Maduro por un nuevo mandato, la CIDH aseguró que se constataron "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes".
El organismo también denunció que Maduro llevó adelante una estrategia para impedir la participación de la oposición en los últimos comicios.
Para el organismo internacional, tras las elecciones se dieron "tácticas represivas como detenciones masivas, allanamientos sin órdenes judiciales, marcación de viviendas de opositores, redadas en zonas populares y la cancelación abrupta de pasaportes".
