revisión de la legislación

Avanza en la Legislatura la "ley hojarasca" para derogar leyes obsoletas de Mendoza

El proyecto del gobierno provincial busca modernizar el marco normativo provincial mediante la derogación de leyes en desuso. El objetivo es eliminar normativas obsoletas o superpuestas para facilitar su comprensión y aplicación.

Por Sitio Andino Política

Luego de que en octubre del año pasado el presidente Javier Milei enviara al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca para eliminar alrededor de 70 leyes consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades"; el gobierno de la provincia de Mendoza presentó un proyecto de las mismas características, con más de 60 leyes a derogar. Este avanza en la Legislatura Mendoza: fue aprobado por el Senado (por unanimidad) y ahora espera el visto bueno de Diputados.

El proyecto del gobierno provincial busca modernizar el marco normativo provincial mediante la derogación de leyes en desuso. En concreto, se busca eliminar normativas obsoletas o superpuestas para facilitar su comprensión y aplicación, lo que otorgará mayor seguridad jurídica a ciudadanos, inversores y emprendedores.

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En esta primera etapa, se analizaron 102 leyes sancionadas hasta 1950, de las cuales se propone derogar 66. De todas maneras, desde el Ejecutivo aclararon que es el primer paso de un proceso que abarcará diferentes períodos legislativos hasta llegar a la actualidad.

Leyes que se busca derogar

Entre las normas que se busca derogar, se encuentra la Ley N° 1072 de 1933, referida a la industria vitivinícola, por establecer regulaciones que hoy resultan desactualizadas y restrictivas para los pequeños productores. También leyes que mencionan organismos que ya no existen o que regulan actividades que han perdido vigencia, como la Ley N° 1.310 sobre el ejercicio profesional de representantes de bodegas.

El proyecto también apunta a derogar leyes superadas por normativas más modernas, como la Ley N° 20, que creó la Dirección General de Rentas y que fue reemplazada por la ley de creación de la Administración Tributaria de Mendoza; o la Ley N° 37, que introducía currículas escolares discriminatorias por género, incompatibles con el actual marco constitucional y educativo.

Otros ejemplos de leyes que quedarían sin efecto incluyen normativas sobre planes de urbanización previas a la Ley 8051, disposiciones sobre fiscalización de semillas —hoy competencia del ISCAMEN—, y leyes vinculadas a subsidios artísticos, el presupuesto anual, normas laborales por rubro y hasta un impuesto al consumo del vino, incompatible con el IVA.

El trabajo de depuración está a cargo de un equipo integrado por funcionarios legislativos, liderados por Lucas Faure, secretario legislativo del Senado provincial. Este equipo encaró la tarea de identificar todas las leyes, analizarlas con detenimiento y luego, avanzar con iniciativas para la derogación o reforma en caso de considerarlo.

La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad. Algunos ejemplos son:

  • Una ley de planes de urbanización, sustituida por la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial.
  • Normas de fiscalización de semillas, cuya función hoy cumple el ISCAMEN.
  • Una ley de subsidio a artistas para el «embellecimiento público», sin aplicación actual.
  • Antiguas normativas sobre el presupuesto anual, reemplazadas por la Ley de Administración Financiera.
  • Leyes que establecían normas laborales diferenciadas por rubro, superadas por la legislación laboral vigente.
  • Un impuesto al consumo del vino, que resultaba incompatible con el IVA y contrario a la tradición mendocina.

Cómo sigue el proceso de modernización de leyes

El proyecto también propone la creación de una comisión especial en la Legislatura que tendrá 180 días para continuar con el análisis normativo, abarcando en una segunda etapa el período comprendido entre 1951 y 1970.

Se invita a los municipios a revisar su propia legislación en sintonía con este proceso de desburocratización.

Desde el oficialismo destacaron que esta iniciativa se enmarca en el plan de simplificación normativa que la provincia promueve desde 2016 y que busca, a mediano y largo plazo, construir un marco legal más claro, accesible y funcional para los ciudadanos.

La propuesta ahora será analizada en la Cámara de Diputados, como parte del proceso legislativo de revisión.

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