Una especialista en Trata de Personas advirtió que existen nuevas categorías más allá de la explotación sexual. Qué ocurre en Mendoza y dónde denunciar este delito.
El Día Mundial contra la Trata de Personas busca visibilizar una problemática que continúa presente en todo el mundo
La trata de personas es uno de los delitos más graves y lucrativos del crimen organizado. Consiste en captar, trasladar o recibir personas con fines de explotación y constituye un delito federal que vulnera derechos fundamentales como la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica y sexual de las víctimas. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, la problemática vuelve a cobrar relevancia.
Si bien suele asociarse exclusivamente con la explotación sexual, cabe destacar que este delito evolucionó con el paso del tiempo, los cambios de contextos y hoy adopta nuevas modalidades. Es por este motivo que la provincia de Mendoza tampoco es ajena a esta realidad.
En diálogo con Sitio Andino, Melina Juan quien se desempeña como Doctora en derecho, especialista en trata de personas y auxiliar fiscal del UFI de Mendoza, explicó que el delito no necesariamente requiere de una organización criminal. "Consiste en que una o varias personas ofrecen, captan, trasladan, acogen o reciben a una víctima para explotarla".
La especialista remarcó que, una vez incorporada a este circuito ilegal, la persona queda sometida a distintas formas de explotación y sufre graves vulneraciones de derechos. "Es uno de los delitos que más dinero genera porque a una persona se la puede explotar innumerables veces, incluso hasta provocarle la muerte", sostuvo.
Aunque la explotación sexual es la modalidad más conocida, la trata de personas también comprende la explotación laboral, la extracción de órganos o tejidos y otras formas que surgen a medida que cambian los contextos sociales. "Es importante destacar que los tratantes actualizan las modalidades de explotación según el contexto sociohistórico de cada país", señaló Juan.
En ese sentido, explicó que actualmente crecen las modalidades vinculadas a los entornos digitales, donde las víctimas pueden ser captadas a edades cada vez más tempranas. "Un ejemplo son aquellas vinculadas a la explotación en línea, que puede llegar con mayor facilidad a los hogares y edades más tempranas", explicó la Doctora a este medio.
La especialista también advirtió sobre la denominada explotación reproductiva, vinculada a la maternidad subrogada, una problemática que actualmente es motivo de preocupación y debate en distintos organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas.
Las víctimas suelen atravesar diferentes situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el género, la edad, la condición migratoria, enfermedades, la precarización laboral o dificultades económicas. Según explicó Juan, los tratantes aprovechan esas circunstancias para captar a las personas mediante falsas promesas de empleo o de una mejor calidad de vida.
"Se nutren de la vulnerabilidad ajena, prometen oportunidades de movilidad social e inserción en economías más consolidadas. Muchas víctimas aceptan voluntariamente esas ofertas sin que exista un secuestro o un rapto".
En Mendoza, la mayoría de las denuncias se reciben a través de la Línea 145, un servicio gratuito, anónimo y disponible durante todo el año en todo el país. Cada denuncia es derivada a la jurisdicción correspondiente para iniciar la investigación judicial.
La especialista indicó que en la provincia las denuncias aumentan durante la temporada de cosecha, debido a situaciones compatibles con la trata con fines de explotación laboral
En estos casos, pueden detectarse personas trasladadas desde otras provincias que permanecen alojadas en establecimientos rurales sin condiciones mínimas de habitabilidad, en situación de hacinamiento, sometidas a extensas jornadas laborales y, en algunos casos, sin recibir una remuneración adecuada o directamente sin percibir salario.
Melina Juan recordó que Mendoza registra condenas por casos en los que familiares obtuvieron beneficios económicos a partir de la explotación sexual de menores de edad. "La trata no requiere una red criminal organizada. Puede ser una madre, un padre, un hermano o una pareja quien obtenga un beneficio mediante la explotación de una persona de su propio entorno familiar", advirtió.
La mayoría de las investigaciones por trata de personas se tramitan en la Justicia Federal. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), desde la sanción de la Ley en 2008 hasta el 2024 se registraron más de 500 sentencias por todas las modalidades. Además, según un relevamiento en 2025, se dictaron 410 sentencias condenatorias por trata con fines de explotación sexual.
La lucha contra este delito tuvo un punto de inflexión en el año 2000, cuando las Naciones Unidas aprobaron el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, instrumento que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Argentina ratificó ese protocolo mediante la Ley 25.632 e incorporó el delito de trata de personas al Código Penal en 2008, fortaleciendo las herramientas para la investigación, persecución y sanción de este tipo de hechos.
Las autoridades recuerdan que cualquier persona que sospeche de una situación de trata puede realizar una denuncia de manera anónima y gratuita a través de la Línea 145, disponible las 24 horas durante todo el año.
La normativa vigente también contempla distintos mecanismos de protección para las víctimas, quienes pueden acceder a asistencia especializada, contar con el acompañamiento del Defensor de Víctimas, participar en el proceso judicial y solicitar medidas de reparación, entre ellas indemnizaciones, compensaciones económicas o programas destinados a favorecer su reinserción social y laboral.
El Día Mundial contra la Trata de Personas busca visibilizar una problemática que continúa presente en todo el mundo y que adopta nuevas formas de explotación. La especialista hizo énfasis en fortalecer la prevención, promover la denuncia y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Estas son herramientas fundamentales para combatir un delito que continúa aprovechándose de las situaciones de mayor vulnerabilidad.
