El proyecto del Ejecutivo de construir un nuevo pabellón del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en Cacheuta, Luján, no fue bien visto por organismos de Derechos Humanos, quienes aseguraron, además, que el mismo se puede realizar en el actual complejo de Godoy Cruz.
|
|
Por medio de una denuncia presentada días atrás al gobernador Francisco Pérez, el Organismo contra la Violencia Institucional (OCOVI) expone una serie de razones por las cuáles el traslado de 20 menores -estiman que serían los considerados peligrosos- a inmediaciones del penal de Almafuerte se contradice con las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.
Al respecto, desde la ONU se especifica que se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores tengan una comunicación adecuada con el mundo exterior, pues ella es parte integrante del derecho de un tratamiento justo y humanitario e indispensable para preparar la inserción de los menores en la sociedad.
Por esta razón, desde el OCOVI, indicaron que esta construcción fomenta que los jóvenes sean etiquetados como peligrosos y no se trabaje con ellos sino que se los aísle más vulnera también el derechos de los jóvenes a mantener contacto con su familia.
Asimismo, los organismos denunciantes aseguran que el actual complejo donde está ubicado el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en calle Río Juramento y Montes de Oca- hay espacio suficiente para reformas y nuevas construcciones.
En el mismo predio donde deben realizarse la refacción de todos los baños hay espacio suficiente para construir un nuevo pabellón que, demás, significaría un importante ahorro de dinero, explicó Fernando Rule, miembro de OCOVI, en relación a los $11 millones que se necesitarán para el nuevo proyecto.
El traslado significaría que muchas familias no los puedan visitar teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos allí alojados son muy pobres y no cuentan con dinero para ir hasta Cacheuta, manifestó Oscar Guidone, integrante de OCOVI.
En esta línea, el Organismo indicó que en caso de concretarse este proyecto demostraría que el SRPJ funciona como una cárcel, con horarios de encierro y sin contacto con el exterior.
Apoyamos que propongan nuevas construcciones que favorezcan las condiciones de los menores, pero no como ésta que las empeoran, sostuvo Rule.
Creemos que se trata más que nada de un proyecto que se da a conocer en una época electoral y que responde a un reclamo de un sector de la sociedad que siempre pide mano dura, dijo Guidone, que considera que aún hay tiempo para que el Ejecutivo dé marcha atrás.
Sobre las denuncias
En tanto, en relación al Hábeas Corpus presentado meses atrás por la condiciones infrahumanas del ex Cose, que llevó a que la Suprema Corte visitara el lugar y ordenara ciertas medidas tanto al Ejecutivo como al Judicial, desde los organismos de DDHH indicaron que se produjeron ciertas mejoras.Se modificaron varias cosas, ahora todos los chicos tienen sábanas y almohadas en sus camas. No son obligados a dormir desnudos y afortunadamente no hemos recibido denuncias por malos tratos, indicó Rule.