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POLÉMICA

Mendoza perdió más de $70.000 millones por estar excluída de la Promoción Industrial

El Consejo Empresario Mendocino considera los daños en términos de recursos fiscales y productivos por la baja en la actividad económica en la provincia desde la puesta en marcha del régimen, hace 30 años, hasta 2010.

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Por Karina Marusic 30 de agosto de 2011 - 10:00

En tiempos donde el debate por la vigencia del régimen de Promoción Industrial en Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis es un tema recurrente, debido a los intentos de extenderlo a través de la decreto 699/2010, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) difundió un informe estimando el impacto económico que la medida tiene para Mendoza y el país.

Según el estudio, la pérdida total alcanza los $72.512 millones para nuestra provincia y los $179.152 millones para Argentina.

Mendoza, muy perjudicada

El trabajo realizado por el estudio “DPA Consultores”, indica que el impacto económico de los regímenes de diferimientos impositivos en las provincias cuyanas sobre Mendoza puede estimarse considerando: el costo fiscal de la promoción industrial y la pérdida de actividad económica generada por la medida.

Según el CEM, el la cuantificación del costo fiscal de la Promoción Industrial surge de la pérdida de ingresos tributarios de origen nacional, debido a la disminución en la recaudación de impuestos coparticipables como consecuencia de la Promoción. “Dado que se tratan de recursos fiscales que recauda centralizadamente el Gobierno Nacional y que transfiere a la Provincia, su reducción nos afecta directamente”, señala el informe.

Tambien por la pérdida de ingresos tributarios de origen provincial, fundamentalmente menor recaudación de ingresos brutos, originado por la caída en el nivel de actividad económica en la provincia atribuible al régimen promocional que beneficia a las cuatro provincias.

Sumando estos factores, el CEM calcula que Mendoza perdió $10.288 millones en concepto de recursos fiscales; valor indexado a 2010. "Con ello, se podrían haber construido en Mendoza aproximadamente 2.000 escuelas o 1.000 megaescuelas como la del Barrio La Favorita que alberga a más de 1.000 alumnos. Alternativamente, se podrían haber construido 340 hospitales como el de Las Heras, Dr. Ramón Carrillo", indica el informe.

En cuanto al daño productivo, la pérdida para nuestra provincia en términos de actividad económica estimada por el CEM alcanza un valor actual de $62.224 millones.

Para llegar a esa cifra, el trabajo consideró el diferencial de tasa de crecimiento entre Mendoza y las provincias promocionadas, analizando la totalidad de los sectores, de modo de estimar los efectos multiplicadores sobre las actividades de comercio y servicios; y la relación entre el valor agregado y el valor bruto de producción en la provincia de Mendoza, a los fines de escalar la valoración de cada punto de crecimiento perdido de valor agregado en cada rama de actividad y expresar, en términos monetarios, el valor de la actividad perdida derivada del menor crecimiento.

Es decir que la pérdida económica total alcanza los $72.512 millones, manteniéndose en un rango entre 1,6 y 2 veces el PBG de la Provincia.

El impacto nacional

En valor actual neto, el costo fiscal efectivamente incurrido por el régimen de promoción hasta el año 2010, alcanzó los $179.152 millones del año 2010. Esto es equivalente al 12,4% del PIB de Argentina, representa el 27,4% de la deuda pública del Sector Público Nacional y el 43,4% del gasto público nacional.

“Este costo surge del hecho que el otorgamiento de beneficios fiscales promocionales lleva asociado una pérdida de la recaudación tributaria, denominada “gasto tributario”, equivalente al monto de ingresos que el Estado Nacional deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria”, explica el CEM en su informe mensual.

Una medida ineficiente

En términos prácticos, el Estado Nacional gastó $179.152 millones del año 2010 para promover inversiones por un valor de $ 59.136 millones de 2010.

Es decir que valor actual neto del costo fiscal total equivale a tres veces la inversión promovida. En otras palabras, si el Estado Nacional hubiera donado el dinero que se invirtió en los proyectos promovidos, el país en su conjunto hubiera ahorrado el equivalente a $120.000 millones, con lo que se podrían haber construido aproximadamente 40.000 km. de carreteras o alrededor de 30.000 escuelas.

“También merece señalarse el alto costo fiscal por cada puesto promovido que ha implicado el régimen de promoción. Cada nuevo puesto de trabajo le ha costado al país $ 2.618.362 lo que significa un costo adicional de $5.900 mensuales a lo largo de los 37 años transcurridos desde la puesta en marcha del régimen”, añade el estudio.

Además, los empresarios alertan que “el alto costo del régimen de promoción no gravitó en la mejora de los indicadores de desarrollo humano, ya que las provincias promocionadas muestran una convergencia menos dinámica que las restantes provincias argentinas”.

“El régimen que se intenta reimplantar no se justifica actualmente, pues la brecha de desarrollo entre las provincias ha disminuido y existen otras provincias donde las necesidades básicas insatisfechas tienen tasas superiores a las que presentan las provincias promovidas, y sobre todo el nivel de desempleo (primera causa que justificó el régimen) no tiene niveles distintos al del resto del país y en algunos casos se acerca a tasas de pleno empleo”, señalan desde el CEM.

“El Decreto 699/10 pretende recrear un instrumento de costos impredecibles, muy dependientes del comportamiento de las empresas después de la caducidad de la vigencia de los beneficios y, por ende, también muy dependientes del criterio de la autoridad de aplicación”, agregan.

Recurso extraordinario

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael interpuso un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, respecto a la aplicación del Decreto Nº 699 del año 2010 que pretende recrear y extender hasta el año 2027 un sistema de promoción industrial similar al de la Ley 22.021 y sus modificatorias.

“Tal como decíamos en informes anteriores, para evaluar la conveniencia de renovar un régimen de promoción es preciso, por un lado, revisar los efectos que tuvo el régimen aplicado en relación a los propósitos iniciales y, por el otro, especificar los objetivos de política económica que se desean alcanzar con los instrumentos más adecuados”, expresan desde el CEM.

Por último, los empresarios manifiestan en su informe que “la situación actual de las provincias es totalmente diferente a la que dio origen al régimen de promoción, con lo cual no puede argumentarse lo mismo que hace 30 años para reinstalar un sistema que se ha demostrado fue perjudicial para el país, con algunos casos fraudulentos y con éxitos parciales”.

Leé el informe completo haciendo click aquí (728.01 KB)

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