Es que si bien en un tema tan serio y delicado como este la ética y la defensa de los discapacitados es lo que debe primar, entre los postulantes no faltan las denuncias sobre intereses económicos en el cargo ni los resquemores por la forma en que se tomará la decisión sobre el futuro funcionario.
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Sucede que si bien la semana pasada cerró el plazo para inscripciones (140 personas se anotaron), la lista final de los postulantes todavía no se conoce y la comisión que los legisladores deberán formar por ley para elegir a la persona más idónea todavía no está constituida.
Con este panorama, entre los propios candidatos hay quejas y denuncias sobre supuestos intereses económicos y políticos por sobre los derechos de los discapacitados entre las personas que quieren ejercer el cargo.
Esta es una instancia muy interesante para la defensa de las personas con discapacidad. Pero realmente veo un interés económico en mucha gente, para muchos ha sido un oportunismo esta postulación, disparó Laura Tribiño, integrante de los padres Autoconvocados que logró la adhesión de Mendoza a la ley nacional de Discapacidad.
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Laura Tribiño, una de las defensoras de los discapacitados que se postula para el cargo |
Lo que preocupa a todos es bajo qué criterios se va a elegir a la persona que ocupara el lugar de defender las personas con discapacidad. Nadie sabe en qué se van a basar los legisladores para elegir, esa es la gran pregunta de todos, indicó Tribiño.
Finalmente, la representante de padres Autoconvocados también estimó que la designación de la persona que ocupará este cargo también puede ser utilizada como una herramienta política: No quiero ser mal pensada, pero es así. Por eso esperamos que la comisión esté conformada por gente de todos los partidos que garanticen la objetividad en la elección, pidió.
En cuanto a los pasos administrativos, una vez que la Legislatura dé a conocer los nombres de los candidatos se abrirá un período donde cualquier ciudadano tendrá la posibilidad de impugnar a un postulante, mientras que este podrá defenderse.
Finalmente, una vez que se venza el plazo para impugnaciones, la comisión (que integrarán diputados y senadores, pero no se sabe quiénes ni cuántos) tomará la decisión que dejará a una persona en el cargo de defensor de la discapacidad y a 139 sin él.